Los futbolistas del país se han declarado “víctimas” de la administración de Carlos Chávez como presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), dentro de la investigación de oficio abierta por la Fiscalía General del Estado.
Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) solicitó al Ministerio Público que los jugadores sean tomados en cuenta en esa condición dentro del proceso.
“Queremos manifestar que Fabol, agrupación de los futbolistas, mediante sus representantes Milton Melgar y David Paniagua, se ha constituido en víctima dentro de este proceso de la FBF. Hemos recibido un memorial en pasados días donde ellos se constituyen en víctimas”, confirmó el fiscal general, Ramiro Guerrero.
Según Paniagua, los jugadores son los más afectados por los supuestos malos manejos por los que se les acusa a los dirigentes. El dirigente de Fabol —un exfutbolista— explicó que su gremio es víctima “en lo moral, en lo deportivo, en lo económico, porque sus demandas nunca fueron escuchadas a pesar de haber peregrinado desde 2007 en procura de que la federación cumpla con su norma”.
Además de Chávez, el exvicepresidente de la FBF Jorge Justiniano; el exsecretario general Pedro Zambrano, y el secretario ejecutivo, Alberto Lozada, son los principales acusados por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, organización criminal, uso indebido de influencias, beneficios con relación al cargo, delitos tributarios y estafa con agravantes con víctimas múltiples.
“Si hubo damnificados por lo que pasó, esos son los jugadores y es obligación nuestra representarlos. Ellos se han visto perjudicados moralmente, económicamente y en el plano deportivo. Desde 2007 venimos reclamando a la FBF el cumplimiento de las normas, hemos hecho comunicados a la opinión pública, de todas las formas denunciamos irregularidades, que hubo falta de cumplimiento a los fallos del Tribunal de Resolución de Disputas. Todo eso perjudicó al jugador”, señaló Paniagua.
Los dirigentes de Fabol fueron citados dos veces por el Ministerio Público para dar declaraciones informativas, fue la oportunidad para considerarse víctimas de la administración. “Hemos ido hasta la FIFA y nos dieron la razón, tenemos documentos que nos respaldan, aun así los señores no hicieron cumplir las indicaciones. Denunciamos que la FBF implemente el reglamento de licencia para que los clubes den garantías para que los jugadores no se queden tanto tiempo sin cobrar, pero nadie nos escuchó”.
Desde su punto de vista, el no prestar atención a las demandas de los futbolistas es una forma de corrupción porque la norma fue violentada. “Se perjudicaron el fútbol y sus protagonistas porque nunca nos tiraron pelota. De esta manera hicimos que nuestra voz se escuche”.
Agregó que cada año el gremio declara paro de actividades como medida de presión para que sus afiliados cobren lo que les corresponde por su trabajo. “El país vio cómo metíamos presión para resolver nuestras peticiones”
Paniagua sostuvo que está en manos del Ministerio Público incluir o no su denuncia.
Otro proceso en el valle
La Fiscalía General del Estado anunció ayer la apertura de una investigación en Cochabamba por denuncias sobre supuestas irregularidades en el fútbol de ese departamento. El fiscal general, Ramiro Guerrero, informó que es “concretamente sobre la denuncia del señor Jhonny Villarroel” y se “está disponiendo la apertura de otro proceso”.
Villarroel, exfutbolista de varios equipos, encabeza una asociación de fútbol de Cochabamba que no es reconocida por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). Él y otras 18 personas de esa desconocida asociación se han convertido en parte denunciante en un caso que será tratado por la Fiscalía de Cochabamba.
Villarroel fue citado a Sucre para declarar en el marco de la investigación por delitos de corrupción en el balompié nacional. “Me convertí en querellante y denunciante por el problema que causó división en el fútbol por intereses oscuros y mezquinos. Dijo que presentó un folio de 75 páginas informando acerca de una confiscación de dinero por el problema generado.
Aprehensión internacional para hijos de Lozada
Yuvert Donoso
El Ministerio Público emitió la orden de aprehensión internacional contra cuatro hijos del secretario ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Alberto Lozada, porque los fiscales comprobaron que ellos recibieron dineros de la institución en sus cuentas personales.
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, dijo que las personas que ahora tienen una orden de aprehensión son: Guillermo, Rómulo Alberto, María Cristina y María Claudia Lozada Cronenbold, quienes —según información que las autoridades tienen— están en Argentina, por lo que en el marco de convenios internacionales se pedirá la colaboración de ese país para su captura.
Alberto Lozada está detenido en el penal de Palmasola dentro de un proceso de investigación de oficio abierto por la Fiscalía General, que le acusa por varios delitos. Es el mismo caso en el que está involucrado el presidente de la FBF, Carlos Chávez, quien está en el mismo recinto.
Ambos son acusados por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, organización criminal, uso indebido de influencias, beneficios con relación al cargo, delitos tributarios y estafa con agravantes con víctimas múltiples. Durante la audiencia de medidas cautelares, el Ministerio Público presentó como pruebas cheques de la federación girados a nombre de los hijos de Lozada.
Guerrero manifestó ayer que los cuatro fueron citados en una primera oportunidad, pero no se presentaron; y, de acuerdo con versiones de los propios familiares, no están en Bolivia. “Se van a realizar otros allanamientos, más citaciones, otras declaraciones en los próximos días, para que podamos ir cerrando por lo menos la primera etapa de la investigación”, señaló Guerrero, al estimar que en unos dos meses se concluiría este trabajo.
La semana pasada, la comisión de fiscales allanó el edificio de la FBF y secuestró 20 cajas con documentación financiera. Ayer, la Justicia chuquisaqueña determinó la detención preventiva en la cárcel de San Roque de la funcionaria N. O. del Consejo de la Magistratura, por la presunta obstrucción de la justicia en el caso.
