Habiendo establecido que el país cuenta con una legislación de avanzada, es menester reconocer que la ruta crítica de reforma al sistema penal necesariamente encuentra su reto más importante en atender los problemas estructurales que limitan la respuesta oportuna a la demanda ciudadana de justicia.
Esta situación implica remover cualquier obstáculo de índole normativo, procesal, económico, lingüístico y de cobertura que limite las condiciones de acceso de la población en condiciones de igualdad y en reconocimiento de las necesidades específicas de la diversidad y pluralidad de la población.
Para que esto sea posible, algunos de los elementos que deben guiar la discusión sobre la reforma penal deben necesariamente abordar:
a) Concentrar la persecución penal en los delitos de mayor gravedad y favorecer el uso de medidas alternativas que permitan resolver el conflicto garantizando la reparación del daño.
b) Garantizar el uso excepcional de la detención preventiva y los límites temporales para su duración: los fiscales, al momento de solicitar la medida, deben establecer un plazo para la duración de la investigación y, consecuentemente, la permanencia de esta medida cautelar, los jueces deben hacer un control efectivo de este plazo.
En esta línea, eliminar la reincidencia como factor para considerar el peligro procesal y aplicar la detención preventiva.
c) Adoptar o mantener y fortalecer las medidas normativas e institucionales necesarias para garantizar la independencia de las decisiones sobre el uso de la prisión preventiva, entre las que se menciona institucionalización de las carreras fiscal y judicial e inamovilidad de funciones, salvo causales expresamente establecidas por ley y que obedezcan a procesos amparados en el principio de legalidad y las garantías del debido proceso.
En atención a las recomendaciones de la cidh, los procesos de control disciplinario contra jueces y fiscales deberán ampararse en su desempeño y no responder como medida de presión o castigo fundada en decisiones sobre el uso de la prisión preventiva.
d) Acercar la justicia al ciudadano: generar protocolos para el tratamiento a las personas que demandan justicia, mismos que deben responder a sus necesidades. Establecer plazos fatales para una respuesta oportuna del sistema a esta demanda y remover todos los obstáculos que limiten este acceso.
e) Desarrollar un mapa judicial y un plan de políticas que respondan a las necesidades identificadas, consolidar un sistema de información articulado entre instituciones que ex- ponga datos fidedignos sobre la situación del sistema.
f) Promover un plan nacional de capacitación hacia operadores de justicia y actores que intervienen en todos los niveles de la administración de justicia penal y penitenciaria sobre mecanismos de justicia restaurativa, estándares del derecho internacional de los derechos humanos en materia de debido proceso, prisión preventiva y tratamiento a privados(as) de libertad.
g) Establecer una política nacional con base en educación y programas de inserción laboral que promueva la rehabilitación y reinserción de población carcelaria, así como mecanismos de prepa- ración y acompañamiento previo y posterior a la puesta en libertad, reduciendo así las posibilidades de reincidencia.
h) Articular la reforma al sistema penal con la reforma a la ley de ejecución penal y la política criminal.
