El fiscal general de Colombia renunció a su cargo este miércoles tras un fallo de la justicia de paz que ordena la libertad e impide la extradición de un líder de las FARC, preso hace un año y requerido por Estados Unidos por narcotráfico.
Néstor Humberto Martínez presentó su dimisión tras una sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que favorece al excomandante guerrillero Seusis Paucias Hernández, conocido como Jesús Santrich.
"Este desafío al orden jurídico no puede ser refrendado por el suscrito. Mi conciencia y mi devoción por el Estado de derecho me lo impiden. Por ello, he presentado renuncia irrevocable", declaró Martínez.
Santrich fue capturado el 9 de abril de 2018 por supuestamente participar en el envío de cocaína a Estados Unidos tras la firma del histórico acuerdo de paz en 2016.
La JEP consideró ante un recurso interpuesto por la defensa que las pruebas de la fiscalía "no permiten evaluar la conducta ni establecer la fecha precisa de su realización". Y que Estados Unidos no envió evidencias contra Santrich.
Se "adoptó una decisión que desafía la evidencia aportada por los Estados Unidos y por esta fiscalía", afirmó Martínez. "Las pruebas son concluyentes, inequívocas".
Estados Unidos ha presionado por la extradición del excomandante. Y el presidente Iván Duque, quien asumió el poder en agosto con la promesa de modificar el acuerdo por considerarlo indulgente con los rebeldes, es partidario de enviarlo.
La Procuraduría, que en Colombia vela por el cumplimiento de deberes y derechos, apeló la sentencia, aunque un portavoz de la JEP aseguró que la libertad de Santrich "debe hacerse efectiva hoy mismo".
Duque respaldó la decisión de la Procuraduría y lamentó la renuncia de Martínez.
"Toda la institucionalidad del Estado (…) y todas las herramientas a su disposición para que no haya impunidad serán empleadas", declaró el mandatario en una alocución.
En un plantón afuera de la sede de la fiscalía en Bogotá, medio centenar de personas exigió la liberación de Santrich.
Respaldo estadounidense
La embajada estadounidense alabó la gestión del ahora exfiscal, a quien diversos sectores pedían desde diciembre la renuncia por revelaciones periodísticas que lo vinculan al escándalo de corrupción de Odebrecht en Colombia.
"Su servicio a Colombia y a la justicia ha tenido un impacto duradero y es apreciado por Estados Unidos", indicó la legación en Twitter.
Tras renunciar, Martínez, que asumió en agosto de 2016 por un periodo de cuatro años, llamó a "movilizarse" contra el fallo de la JEP, con la que chocó por diferencias en la interpretación de las facultades que tiene la justicia transicional establecida en el pacto de paz.
Martínez sostiene que la JEP solo está habilitada para certificar la fecha de ocurrencia de presuntos delitos. Pero la jurisdicción especial apela a una normativa que le otorga potestades más amplias, como conocer pruebas en casos de extradición, evaluar la conducta y el "procedimiento adecuado" contra un acusado.
El acuerdo blinda a los exguerrilleros frente a requerimientos de extradición, pero establece que quienes cometan delitos tras la firma del pacto, el 24 de noviembre de 2016, serán juzgados por la justicia ordinaria.
Santrich, que deberá seguir compareciendo ante la JEP, estaría implicado en el envío de diez toneladas de droga entre junio de 2017 y abril de 2018.
Martínez, abogado de 65 años, apoyó objeciones presidenciales al proyecto de ley que regula a la JEP, entre ellas modificar un apartado para evitar que narcos eludan la extradición por contribuir a la verdad del conflicto.
La suerte de las objeciones, principal bandera de Duque, está en manos de los jueces.
"Montaje"
Santrich reivindicó como un triunfo la sentencia frente a un "sucio montaje" del Departamento de Estado estadounidense y la fiscalía colombiana. "Espero que el gobierno, la fiscalía y otras instancias respeten el fallo", afirmó en un audio enviado desde prisión.
De 52 años y con deficiencia visual, es uno de los radicales del ahora partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).
Participó como negociador en los diálogos entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la otrora poderosa guerrilla comunista en Cuba, que condujeron al desarme de 7.000 combatientes en 2017.
Desde la cárcel ha comparecido ante la JEP por secuestros atribuidos a las FARC. La captura le impidió ocupar en julio el escaño parlamentario que le garantizaba el acuerdo.
El exjefe negociador de la exguerrilla, Iván Márquez, declinó asumir como senador por el encarcelamiento de Santrich. Desde entonces, se desconoce su paradero y el de otros excomandantes que denuncian incumplimientos del pacto.
El acuerdo prevé que los responsables de delitos graves cometidos durante el prolongado conflicto, tanto exguerrilleros como militares, reciban penas alternativas a prisión si confiesan sus crímenes, reparan a sus víctimas y no vuelven a ejercer la violencia.
