Ecuador declaró este jueves el estado de excepción en su sistema carcelario, tras reportes de hacinamiento y riñas que han dejado muertos dentro de las prisiones.
El presidente Lenín Moreno declaró "el estado de excepción en el sistema de rehabilitación social a nivel nacional" con el fin de "precautelar los derechos de las personas privadas de la libertad", según un decreto difundido por la Secretaría de Comunicación (Secom).
El estado de emergencia regirá por 60 días y le permite al ejecutivo movilizar hacia los centros carcelarios a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para "prevenir acontecimientos de violencia al interior de los centros de rehabilitación social", señala el documento.
El decreto firmado por Moreno también dispone la suspensión del derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, libertad de información y libertad de asociación y reunión. Además ordena al Ministerio de Finanzas proveer los recursos necesarios para atender la emergencia.
El documento no establece el monto que se asignará para la rehabilitación de las cárceles.
El decreto alega que los "últimos acontecimientos de violencia" dentro de las prisiones han generado "grave conmoción social" y que los centros penitenciarios presentan "desgaste por uso y requieren de una atención estatal urgente".
La semana pasada en la cárcel de la ciudad de Latacunga (centro andino) un prisionero fue asesinado por otros dos frente a los guardias penitenciarios. El hecho fue grabado con un teléfono celular desde el pabellón de máxima seguridad de la cárcel, donde está prohibido que los reos tengan dispositivos móviles.
Pocos días después, una riña ocasionó la muerte de un preso y dejó herido a otro en una cárcel de la provincia de Azuay (sur andino). La pelea también fue grabada con un celular y difundida en redes sociales y medios de comunicación.
Dentro de las cárceles también existe hacinamiento. En el país hay aproximadamente 41.000 personas privadas de la libertad (el gobierno evita llamarlos presos), mientras que la capacidad carcelaria es para unas 27.000 personas.
El director del Servicio Nacional de Rehabilitación Social, Ernesto Pazmiño, dijo esta semana al canal Ecuavisa que entre enero y abril "se han incrementado 1.599 nuevos privados de la libertad. Si la tendencia se mantiene, el problema es seriamente grave". (16/05/2019)
