El exjefe guerrillero Jesús Santrich, requerido por Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico, tomó juramentó como congresista en Colombia este martes, como parte de los acuerdos de paz con el disuelto grupo armado FARC, pese al abierto rechazo del gobierno colombiano.
Santrich asumió su curul en la cámara baja del parlamento tras posesionarse ante el primer vicepresidente de ese órgano legislativo, Atilano Giraldo, en un discreto acto que se llevó a cabo en la sede del legislativo en Bogotá.
Este es un "nuevo paso de lucha y defensa de la paz para Colombia", declaró Santrich a la prensa a su salida del Congreso. El exnegociador de paz, que siempre ha defendido su inocencia ante los cargos que le endilga la justicia estadounidense, tenía reservado un puesto en el Congreso como parte del acuerdo que condujo al desarme de la que fuera la mayor guerrilla de América, convertida ahora en un partido de izquierda.
Sin embargo, no había podido posesionarse en el parlamento debido a su captura, en abril de 2018, con fines de extradición.
La Corte Suprema dispuso la semana pasada su excarcelación y asumió la competencia para seguir su caso al reconocer el fuero parlamentario del exguerrillero.
El caso Santrich ha generado un revuelo político y judicial en Colombia, profundamente dividida por el pacto que puso fin a medio siglo de enfrentamientos con los rebeldes marxistas.
El lunes, el presidente Iván Duque se declaró en contra de la llegada de Santrich al Congreso y pidió a la autoridad encargada que lo suspenda de sus funciones legislativas.
"Cómo puede uno pretender que en un país tengamos a un mafioso posesionándose como congresista", reprochó el mandatario.
La justicia de paz que investiga los peores crímenes cometidos durante el conflicto con las FARC ordenó a mediados de mayo la liberación de Santrich, de 52 años.
Sin embargo, el 17 de mayo fue recapturado a su salida de prisión por orden de un juez bajo nuevos cargos relacionados con su supuesta intención de enviar cocaína a Estados Unidos después de firmar la paz en noviembre de 2016.
Santrich asegura que los señalamientos responden a un complot de Washington y la fiscalía colombiana. Apoyado por la ONU, el acuerdo que condujo al desarme de unos 7.000 combatientes prevé beneficios penales para los responsables de delitos atroces que contribuyan a la verdad, justicia y reparación de las víctimas. Sin embargo, deja sin efecto el blindaje contra la extradición para quienes hayan reincidido tras la entrada en vigor de los compromisos de paz.
(11/06/2019)
