Con un transporte público limitado y gran parte del comercio cerrado, los habitantes de un militarizado Santiago de Chile enfrentaban este lunes su primer día laboral tras las violentas manifestaciones, saqueos e incendios que dejaron siete muertos este fin de semana.
Los 7,5 millones de habitantes de Santiago padecieron durante la madrugada su segundo toque de queda que se extendía hasta las 09.00 GMT (05.00 en Bolivia), bajo un fuerte resguardo policial y militar que no fue suficiente para evitar decenas de saqueos e incendios en el comercio, enfrentamientos entre uniformados y manifestantes que dejaron barricadas, palos, piedras y carros de supermercados regados en las calles.
"Estamos en guerra contra un enemigo poderoso", declaró por su parte, el presidente Sebastián Piñera a periodistas durante la noche. El mandatario decretó estado de emergencia en Santiago y otras nueve de las 16 regiones del país, por los disturbios que protagonizaron el viernes estudiantes en estaciones del metro en rechazo al alza de la tarifa, medida que Piñera tuvo que suspender ante la fuerte presión social.
Un lunes difícil
Tras el turbulento fin de semana que dejó siete muertos y 1.500 detenidos, el transporte público es el mayor problema que los santiaguinos deberán sortear este lunes cuando salgan de sus casas hacia sus trabajos y estudios, luego que la empresa estatal del metro –que transporta diariamente a cerca de tres millones de pasajeros– sólo logró habilitar parcialmente la línea 1, una de las siete que cruzan la capital chilena.
"Mañana (lunes) será un día difícil", aseveró Piñera quien días antes de que estallara la crisis social, la peor desde el retorno de la democracia en 1990, se refirió a Chile como un "oasis" de estabilidad.
El subterráneo chileno había quedado totalmente inoperativo desde el viernes luego que 78 estaciones fueran destruidas dejando un daño económico superior a los 300 millones de dólares.
El metro estará apoyado por más de medio millar de autobuses públicos, municipales e interurbanos que se complementarán con taxis para copar las necesidades de transporte de los santiaguinos. Piñera solicitó a conductores privados colaborar en el traslado de la población.
En tanto, centros comerciales, tiendas del retail, supermercados y farmacias permanecerán cerrados, mientras que los bancos evaluarán la situación para abrir sus sucursales.
Las clases fueron suspendidas en 48 de las 52 comunas de Santiago y los hospitales se espera que funcionen con normalidad.
En el aeropuerto de Santiago se encontraban varados miles de pasajeros quienes pacientemente esperaban una solución a centenares de vuelos que fueron cancelados o reprogramados.
Los estudiantes llamaron a nuevas movilizaciones para el lunes, mientras 9.500 militares y policías se encuentran desplegados en las calles chilenas para evitar mayores desmanes.
Piñera envió un proyecto de ley para el congelamiento del precio del pasaje del metro a la Cámara de Diputados que lo aprobó este domingo. Se espera que el lunes, el Senado también lo apruebe para su posterior promulgación.
Chalecos amarillos
Tras iniciado el toque de queda, vecinos de varias comunas de Santiago se organizaron para evitar nuevos saqueos durante la madrugada del domingo. Armados con palos y con los chalecos amarillos que popularizaron manifestantes en Francia, defendieron sus hogares pero también los supermercados y tiendas de barrio que quedaron en pie y no fueron vandalizados.
"La idea fue organizarnos e identificarnos entre vecinos por eso nos pusimos los chalecos amarillos. Hubo algunos intentos de robo en el sector y por eso nos organizamos para defendernos", dijo Priscila, una vecina de la comuna de Macul (oriente de Santiago) al canal 24 horas.
Los vecinos realizaron rondas de vigilancia junto a policías y militares quienes les permitieron salir a las calles pese al toque de queda.
Si el detonante del conflicto fue el aumento de la tarifa del metro, las protestas se hicieron eco de otras reivindicaciones en una sociedad que incuba desde hace años un gran descontento, como un modelo económico cuyo acceso a la salud y a la educación es prácticamente privado, con una alta desigualdad social, bajas pensiones y un alza de los servicios básicos.
(21/10/2019)
