La corte suprema de Brasil reanudó este jueves un debate que puede conducir a la liberación del expresidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva y asestar un duro golpe a la Operación Lava Jato, una de las mayores investigaciones anticorrupción del mundo.
El Supremo Tribunal Federal (STF), de once magistrados, debe determinar si una pena de prisión tiene que empezar a cumplirse cuando es confirmada por un tribunal de apelación (segunda instancia), como sucede desde 2016, o solo cuando el acusado agota todos los recursos disponibles.
El STF suspendió las deliberaciones el mes pasado con una ventaja de 4 a 3 para los partidarios del statu quo. Muchos analistas prevén que se llegue a un resultado de 5 a 5, con lo cual la responsabilidad del desempate recaerá en el presidente del tribunal, José Antonio Dias Toffoli.
Si Toffoli se inclina por el cambio de norma, las cortes deberán examinar la situación de 4.895 personas. No todas podrían ser liberadas, porque los casos de mayor peligrosidad tendrían dictada prisión preventiva.
Entre los posibles beneficiarios hay 38 condenados de la investigación Lava Jato, que descubrió una trama de corrupción en Petrobras. Entre ellos figura Lula, de 74 años, que purga desde abril de 2018 en Curitiba (sur) una pena de 8 años y 10 meses por corrupción pasiva y lavado de dinero.
La expectativa es que las discusiones concluyan este jueves, pero no se descarta que el fallo se postergue para la próxima semana.
¿Tercera vía?
Varios juristas piensan que Toffoli propondrá una vía intermedia: que las condenas se ejecuten solo al ser ratificadas en tercera instancia, penúltimo recurso disponible antes de la corte suprema.
En ese caso el líder histórico del Partido de los Trabajadores (PT) permanecería preso, porque en abril pasado el veredicto fue ratificado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), que es una corte de ese nivel.
La liberación de Lula no lo habilitaría electoralmente, dado que un condenado en segunda instancia no puede ser candidato hasta ocho años después de cumplir la sentencia. Pero el STF podría modificar también esa norma.
Quienes abogan por el encarcelamiento después de la segunda instancia invocan la lucha contra la impunidad, en un país donde las personas capaces de pagarse buenos abogados podían arrastrar sus procesos hasta el plazo de prescripción.
Los partidarios de modificar la norma defienden el respeto a la presunción de inocencia y la letra de la Constitución.
La cuestión crea tensiones políticas y sociales.
La organización Vem Pra Rua (VPR), muy activa en las movilizaciones que en 2016 condujeron a la destitución de la presidenta de izquierda Dilma Rousseff, cuestionó la integridad de Toffoli y convocó a marchas para el sábado en todo el país.
Toffoli recibió además una petición de 42 de los 81 senadores y de unos 70 de los 513 diputados para mantener la norma actual.
El STF es criticado por otro lado por sus sucesivos cambios de parecer. La prisión después de la segunda instancia regía antes de 2009, cuando la máxima corte cambió la norma, antes de restablecerla en 2016.
Lava Jato en la mira
Lula fue condenado como beneficiario de un apartamento en el litoral de Sao Paulo, ofrecido por una constructora a cambio de contratos en Petrobras. Pero el exsindicalista niega los cargos y se considera un "preso político", víctima de una manipulación judicial para impedirle presentarse a los comicios presidenciales de 2018, en los que resultó elegido el ultraderechista Jair Bolsonaro.
Su postura ganó fuerza cuando Bolsonaro designó ministro de Justicia al juez Sergio Moro, emblema de Lava Jato y autor de la primera condena contra Lula.
Lula ve en esa designación una prueba de la parcialidad de Moro y exige la anulación del juicio.
El prestigio de Lava Lato se siguió erosionando con las filtraciones del portal periodístico The Intercept Brasil sobre conversaciones que parecen mostrar connivencias entre Moro y los fiscales de la investigación.
(07/11/2019)
