El gobierno hondureño dio este viernes por cerrada una misión internacional contra la corrupción al no lograr un acuerdo con la OEA para su continuación tras cuatro años de trabajo en los que el organismo denunció a diputados y empresarios.
El gobierno "lamentó" en un comunicado que no alcanzara los consensos para un nuevo convenio, a pesar de los esfuerzos realizados para que la Organización de Estados Americanos (OEA) acompañara la construcción de un nuevo sistema contra la corrupción y la impunidad.
La secretaría general de la OEA advirtió en un comunicado que el fin de la Misión de Apoyo Contra la Impunidad en Honduras (MACCIH) "constituye un hecho negativo en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país".
"La misión colaboró activa y exitosamente con la institucionalidad hondureña para enfrentar el problema endémico que representa la corrupción", agregó la OEA.
Sin embargo, el gobierno argumentó que tomó en cuenta "denuncias de algunos sectores sociales, económicos y políticos" sobre "excesos" de la MACCIH.
Acusados por la misión "alegan haber sido atropellados en sus derechos y garantías constitucionales", afirma un comunicado oficial.
El gobierno recordó que en diciembre instaló una comisión de trabajo con participación de la OEA para buscar un nuevo convenio, pero lamentó que no se alcanzó el acuerdo.
La misión fue creada por la OEA el 19 de enero del 2016 por un periodo de cuatro años a petición del presidente Juan Orlando Hernández, en medio de grandes manifestaciones en protesta por el saqueo de 330 millones de dólares del Seguro Social.
El presidente admitió que decenas de miles de dólares de ese dinero entraron al equipo de campaña que lo llevó al poder en las elecciones de 2013, aunque aseguró que no sabía del desvío.
Desde su instalación, la misión se convirtió en un apoyo de la fiscalía contra la corrupción, que presentó una docena de casos contra diputados, funcionarios y empresarios, algunos muy cercanos a Hernández, por el desvío de fondos públicos a cuentas personales.
En tanto, el Congreso aprobó una serie de leyes para proteger a los acusados.
Pero al mismo tiempo que la fiscalía presentaba los casos en los juzgados, la MACCIH hizo señalamientos públicos a través de los medios de comunicación contra los acusados, lo que algunos consideraron una violación al principio de inocencia. (17/01/2020)
