Apretados en una motocicleta, Armando Muñoz, su esposa y dos hijas pequeñas avanzaban por una aldea polvorienta del suroeste de Colombia cuando cayeron baleados. El hombre y su bebé de nueve meses murieron al momento y la niña de cinco años falleció dos días después.
La familia fue atacada el 9 de mayo presuntamente por un grupo armado que hizo circular panfletos donde amenazaban de muerte a quien violara el confinamiento dispuesto por el gobierno para contener la pandemia, según la fiscalía. Solo la esposa de Armando sobrevivió.
En regiones alejadas, guerrilla, disidencias de las FARC, narcos y bandas criminales de origen paramilitar encontraron en la emergencia sanitaria un pretexto para imponer sus reglas de acero y extender el dominio territorial, coinciden expertos entrevistados por AFP.
Estos grupos quieren «ganar legitimidad» en las mismas zonas donde antes han afectado a civiles, explica Mateo Gómez, director del sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo (Ombudsman).
Además de proteger a sus combatientes del contagio, el confinamiento les ofrece «una oportunidad clara» de erigirse como supuestos protectores ante el avance del nuevo coronavirus. «No es un fenómeno nuevo, es la manera como los actores armados están adecuando su forma de operación al contexto y a la realidad de la emergencia sanitaria», añade.
Hasta mediados de mayo la Defensoría había registrado 42 eventos violentos, entre homicidios y amenazas, desde la detección del primero caso de covid-19 en Colombia el 6 de marzo. La mayoría ocurrió en regiones disputadas por los grupos armados: Cauca y Nariño (suroeste), Arauca y Catatumbo (noreste), Meta y Guaviare (centro).
Desobediencia
La masacre de los Muñoz sucedió en el municipio de Suárez, en Cauca, un departamento con un 24,8% de población indígena que devino teatro de guerra con un botín en disputa: el control de narcocultivos y salida de cocaína hacia Estados Unidos por el Pacífico.
En la lucha están implicados rebeldes que se apartaron del acuerdo de paz que disolvió a la FARC en 2016, guerrilleros del ELN y bandas ligadas a carteles mexicanos. El ejército también ha reforzado su contingente para tratar de frenar una violencia de décadas que el acuerdo de paz no logró extinguir.
Apenas a 15 kilómetros de Suárez, en el municipio de Buenos Aires, tres hombres que departían en un billar habían sido asesinados el 25 de abril. Los disidentes de las FARC se atribuyeron el ataque con fusiles de asalto y granadas a través de un panfleto que advertía: «Se establecieron unas medidas de control a fin de evitar la propagación de este COVID-19, unos cumplieron pero otros pensaron que era un juego y llegó la hora de empezar a ajustar con quienes desobedecieron».
Los volantes han sido una forma de intimidación contra políticos, activistas, prostitutas, homosexuales o supuestos ladrones, que incluso han circulado en Bogotá.
(21/06/2020)
