403 periodistas fueron investigados y se les armó fichas de perfil ideológico para las cumbres de la OMC y el G20 en Buenos Aires, denunció la actual conducción de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que solicitó indagar al expresidente Mauricio Macri (2015-2019).
«La denuncia judicial se presentó el viernes pasado y mañana (lunes) se aporta toda la prueba», dijo este domingo a la AFP una fuente oficial que pidió anonimato.
El listado de investigados incluye decenas de periodistas de medios extranjeros, entre ellos varios de la AFP, así como un centenar de académicos, empresarios y otras personalidades de la sociedad civil.
El material fue hallado en tres sobres, con las leyendas «2017», «Periodistas G20», «Varios», dentro de una caja fuerte de la oficina que ocupaba el exdirector operacional del Área de Contrainteligencia de la AFI.
«La investigación sobre los periodistas era sencilla. Recavaban información sobre redes sociales y de ahí se trazaba un perfil ideológico y político», explicó la fuente.
En su denuncia judicial, la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, señala que en las fichas figuran «preferencias políticas, publicaciones en redes sociales, simpatía respecto a grupos feministas o de contenido político y/o cultural, entre otras».
Los nombres llevan comentarios como «se muestra muy crítico respecto del actual gobierno», «muestra su afinidad hacia el peronismo», «apoya al gobierno», «en Facebook pidió la liberación de Lula» o «firmó por el aborto Legal».
De acuerdo al perfil ideológico, se los marcaba en verde, amarillo o rojo, supuestamente para habilitar la acreditación que los periodistas habían solicitado ante la cancillería argentina, una práctica que evoca a las de la dictadura (1976-1983).
«De confirmarse ese proceder del gobierno de Mauricio Macri, ACERA repudia enérgicamente procedimientos de esa naturaleza, que resultan inadmisibles en una democracia y dañan gravemente el ejercicio de la profesión de periodista», declaró un comunicado de la Asociación de Corresponsales Extranjeros (ACERA).
La Asociación de Empresas Periodísticas (ADEPA) pidió que la investigación judicial se haga «con celeridad, efectividad e independencia» y advirtió en la red Twitter que, de confirmarse las denuncias, «dichas conductas estatales resultarían incompatibles con el estado de derecho».
La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) mostraron también su rechazo.
Pedidos diplomáticos
En la Cumbre de la Organización Mundial del Comercio de 2017, la investigación fue más exhaustiva sobre empresarios, sindicalistas y otros dirigentes sociales ya que incluían puntillosos datos personales, patrimoniales y salariales.
Entre el material encontrado, hay una carta del excanciller Jorge Faurie, fechada el 7 de diciembre de 2017, dirigida al entonces director de la AFI, Gustavo Arribas.
Allí le ruega que solucione «a la mayor brevedad posible, la situación» de Kirsi Chavda, integrante de la ONG finlandesa Siemenpuu, a quien en el aeropuerto se le negaba el ingreso al país.
«Motiva mi pedido, la solicitud que me hiciera llegar el canciller de Finlandia, quien ha garantizado el buen comportamiento de la señora Chavda de acuerdo a los usos y costumbres locales», escribió Faurie. Añade un pedido similar de parte del canciller de los Países Bajos respecto de miembros de la ONG Transnational Institute.
Caamaño pidió que se cite a indagatoria de Macri, en tanto «responsable de fijar lineamientos estratégicos y objetivos de la política de Inteligencia nacional», así como a Arribas, a la exsubdirectora del AFI Silvina Majdalani y a varios agentes de inteligencia.
«Las tareas de inteligencia que en este acto se denuncian no se encuentran ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado», dice el escrito, según el cual, la AFI actuó «con manifiesta connivencia de la (entonces) autoridad máxima del ministerio de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich».
En paralelo, otro juzgado investiga el espionaje durante la gestión de Macri a políticos opositores y oficalistas, entre ellos la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Kirchner y al alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, del mismo partido del exmandatario.
Macri estuvo procesado por espionaje ilegal cuando era alcalde de Buenos Aires (2007-2015), pero fue sobreseído dos semanas después de asumir la presidencia en diciembre de 2015.
