El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, y oficiales de alto grado han multiplicado en los últimos tiempos las alusiones a un posible golpe de Estado, aunque los analistas consideran que hay pocas posibilidades de que eso ocurra por el momento.
El mayor país de América Latina es gobernado de manera beligerante por un presidente que, junto a su familia, es objeto de una serie de investigaciones, un año y medio después de llegar al poder.
La actual crisis institucional, junto con la grave situación sanitaria provocada por el coronavirus, así como una recesión a punto de ser histórica, agrava el clima de inestabilidad en Brasil, donde el gobierno de este nostálgico de la dictadura (1964-1985), cuenta con diez militares en 23 ministerios y con 3.000 oficiales en las altas esferas de la administración pública.
«Nosotros, los militares de las Fuerzas Armadas (…), somos los verdaderos garantes de la democracia. Nunca obedeceremos órdenes absurdas», dijo Bolsonaro, un excapitán del Ejército, a la televisión Band News el lunes. Y advirtió: «Pero tampoco aceptaremos un juicio político que destruya a un presidente elegido democráticamente».
Bolsonaro está amenazado con la destitución (con alrededor de 30 solicitudes de impeachment en el Congreso) o la anulación de su mandato, por irregularidades en su campaña. Sus hijos -el senador Flávio, el diputado Eduardo y el concejal Carlos- son objeto de investigaciones por corrupción o por la difusión de información falsa.
Esos diversos procedimientos son iniciativa del Congreso, la Fiscalía, la Policía Federal, el Tribunal Superior Electoral y el Superior Tribunal Federal (STF), la máxima corte.
A este último se enfrentó Bolsonaro con el apoyo de los militares, que interpretó a su manera un artículo de la Constitución que le permitiría apelar al ejército.
«Ruptura democrática»
El fin de semana pasado, manifestantes bolsonaristas amenazaron en Brasilia con «transformar en trapos de piso» las togas de los jueces del STF, a quienes el ministro de Educación, Abraham Weintraub, calificó de «delincuentes» que merecerían ser encarcelados.
Las amenazas de los generales en el gobierno son apenas más veladas.
El viernes pasado, el general en activo Luiz Eduardo Ramos, ministro de la Secretaría del Gobierno, consideró «indignante» los dichos que indican que «el ejército va a dar un golpe», pero advirtió «al otro lado» (en referencia al STF) que no hay que «estirar la cuerda».
Anteriormente, el general de reserva Augusto Heleno, ministro de Seguridad Institucional (inteligencia), hizo temblar al país al evocar «consecuencias imprevisibles para la estabilidad nacional» si el teléfono celular de Bolsonaro se incautaba en el marco de una investigación.
Pero ¿es la intervención militar una posibilidad actual en Brasil? «íAbsolutamente no!», afirma Nelson Düring, editor en jefe del sitio Defesanet. «Estamos muy lejos de eso», asegura.
«Las preocupaciones sobre un quiebre de la democracia son muy exageradas», coinciden analistas de Eurasiagroup, que ubican las posibilidades de que eso ocurra en «menos del 5%».
Dato
Pero evocar y negar a la vez la posibilidad de una intervención militar es parte de una «estrategia de amenazas contra la corte suprema para evitar lo que se considera una ofensa al ejecutivo», analiza Maud Chirio, historiadora de la Universidad Gustave Eiffel, en París.
La corte suprema bloqueó el nombramiento de un aliado de Bolsonaro como jefe de la Policía Federal, que investiga a su hijo Flávio. El gesto fue recibido como «una provocación» y una «interferencia brutal» por el presidente.
Según Chirio, «por el momento, los soldados muestran su absoluta solidaridad con Bolsonaro», a veces a pesar de cierta «incomodidad» en el seno de una institución que había recuperado cierto prestigio en las últimas décadas.
«Los militares ultraconservadores del gobierno tienen un proyecto político que es el mismo que Bolsonaro lleva a cabo de manera desmedida y caótica», añade.
«Reacciones imprevisibles»
Según Chirio, «una forma de golpe sería posible si los otros poderes» no se doblegan y «deciden impulsar la destitución de Bolsonaro o reducirlo a la impotencia mediante la multiplicación de las investigaciones judiciales sobre su familia y su persona».
Sin embargo, «los militares tendrían grandes dificultades para oponerse» a los poderes legislativo y judicial, apunta Carlos Fico, profesor de estudios militares en la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ).
Aunque no imagina «un golpe de Estado clásico, con tanques posicionados en la Plaza de los Tres Poderes» en Brasilia, Fico evoca la amenaza blandida por el clan Bolsonaro de un cierre del Congreso y la corte suprema.
Con apenas un 30% de apoyo de la población, inclusa esa segunda opción provocaría «una reacción importante en la sociedad», asegura.
Pero «sus simpatizantes más radicales podrían llevar a manifestaciones violentas», advierte Fico, sin excluir las «reacciones impredecibles de la Policía Militar», un cuerpo bajo la autoridad de cada estado en cuyas filas el mandatario ultraderechista cuenta con sólidos apoyos.
(17/06/2020)
