La Corte Suprema ordenó este martes la captura del expresidente y senador Álvaro Uribe, el político más influyente de Colombia en este siglo, dentro del proceso que le sigue por manipulación de testigos contra un opositor, según informó el exmandatario.
«La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la Patria», escribió Uribe (2002-2010) en su cuenta de Twitter.
Aunque el tribunal no se ha pronunciado aún sobre esta inédita decisión contra un exgobernante en Colombia, los medios locales dijeron al unísono que Uribe cumplirá arresto domiciliario preventivo y no deberá ir a una cárcel.
El caso está siendo analizado este martes, a puerta cerrada, por los altos magistrados que investigan al jefe del partido en el poder y mentor del presidente Iván Duque.
La Corte Suprema decidió ordenar la detención de Uribe mientras más adelante resuelve si lo llama a juicio, en su calidad de legislador, por manipulación de testigos. Como parlamentario, no tiene fueros pero sí el privilegio de sólo poder ser investigado por el máximo tribunal.
El exmandatario de 68 años, que siempre ha alegado inocencia y cuenta con un sólido apoyo popular tras su política de mano dura contra las guerrillas izquierdistas, podría responder por soborno y fraude procesal, delitos que son castigados con un promedio de ocho años de cárcel.
Giro insospechado
Uribe, quien había sido interrogado por los magistrados en octubre pasado, terminó enredado en un giro insospechado de la justicia.
En 2012 presentó una denuncia contra el senador de izquierda Iván Cepeda por un supuesto complot en su contra apoyado en testimonios falsos.
El líder político sostiene que Cepeda -uno de sus mayores adversarios políticos y testigo en su proceso- contactó a exparamilitares presos para que lo involucraran en actividades criminales de los grupos de ultraderecha que combatieron a sangre y fuego a las guerrillas izquierdistas.
Pero la corte se abstuvo de enjuiciar a Cepeda y en cambio decidió abrir en 2018 la investigación contra el exmandatario bajo la misma sospecha: manipular testigos contra su opositor.
«La lección que hoy nos da esta decisión, que esperamos conocer (…) en todos sus detalles (…), es que no hay individuos, no hay personas que en Colombia estén por encima de la justicia y de la ley por muy poderosas e influyentes que sean», reaccionó Cepeda en un mensaje a la prensa.
«Invitamos a todos los ciudadanos a asumir esta situación con total serenidad», añadió, enfatizando que el exmandatario «tendrá todas las herramientas, los recursos, procedimientos que están para garantizar su derecho a la justicia» en caso de ser llamado a juicio.
Además de este expediente, Uribe está vinculado a más investigaciones por presuntos delitos penales relacionados con el largo conflicto colombiano.
El partido de Uribe, el Centro Democrático, lleva a cabo una intensa campaña mediática para defender la «honorabilidad» de su líder. Tras diezmar militarmente a las FARC, la antigua guerrilla que firmó la paz en 2016, Uribe se opuso a ese pacto por considerarlo demasiado indulgente con responsables de delitos atroces.
En su defensa
Con la decisión de la corte, Colombia pasa a engrosar el expediente latinoamericano de exmandatarios muy populares que han terminado ante la justicia.
Ocurrió con Lula en Brasil, Cristina Kirchner en Argentina, Rafael Correa en Ecuador, Alberto Fujimori en Perú o Ricardo Martinelli en Panamá.
Abrumado por la crisis desatada por la pandemia y en vísperas de completar dos años en el poder, el presidente Duque ha defendido a capa y espada al ex jefe de Estado.
«Soy un creyente, he sido un creyente y seré siempre un creyente de la inocencia de Álvaro Uribe Vélez», ha repetido Duque en entrevistas con los medios.
La decisión contra el líder de la derecha colombiana promete desatar un terremoto político. Los seguidores del gobierno consideran injusto que Uribe termine preso mientras sus enemigos, los exjefes de las FARC, responden en libertad frente a la justicia de paz creada para sancionar los delitos más atroces cometidos en el curso del conflicto colombiano.
Sin embargo, críticos externos como José Miguel Vivanco, de la ONG Human Rigths Watch, saludaron la decisión.
«Felicito a Corte Suprema por actuar con responsabilidad al ordenar la detención domiciliaria de Uribe. La Corte demuestra que todos -hasta los más poderosos- son iguales ante la ley. Hay que respetar independencia judicial», publicó en Twitter.
(04/08/2020)
