La Defensoría del Pueblo pidió a las instancias judiciales garantizar el debido proceso en el caso Yassir Molina, líder de la agrupación Resistencia Juvenil Cochala (RJC), quien fue aprehendido ayer en la ciudad de Cochabamba y trasladado a Sucre para que preste sus declaraciones por los hecho violentos registrados en octubre de 2020.
En ese marco, también demandó que se realice la investigación objetiva en todos los actos denunciados en contra Molina y se amplíe las investigaciones a todos los actores que participaron de los actos ilegales cometidos por la Resistencia Juvenil Cochala.
“Que el proceso penal iniciado en contra de esta persona respete el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa, que las actuaciones dentro del procedimiento se enmarquen en todo momento a las garantías judiciales plasmadas en la Constitución Política del Estado y en los estándares internacionales de derechos humanos”, señala el comunicado de la Defensoría del Pueblo.
Según esta instancia, se constató que Molina no fue víctima de violencia ni malos tratos durante el operativo para su aprehensión y traslado a la ciudad de Sucre, al cual se le asignó un abogado de Defensa Pública, se le realizó un examen médico forense y que el sindicado se acogió a su derecho al silencio en su declaración informativa.
Los delitos por los que fue detenido Yassir Molina son organización criminal con relación a los delitos de fabricación ilícita, uso de armas no convencionales, atentado contra bienes públicos, impedir y estorbar el ejercicio de funciones, tenencia y porte o portación ilícita, destrucción o deterioro de bienes del estado y la riqueza nacional, privación de libertad y daño calificado, por la vigilia protagonizada, la gestión pasada, en puertas de la Fiscalía General del Estado, en la que se exigía la renuncia de la Máxima Autoridad de esta institución.
