El mercado denominado “paralelo” de la Asociación de Productores de Coca (Adepcoca) reabrió este lunes sus puertas para comercializar ese producto, a cuatro semanas de la toma violenta.
“Hemos podido ver la venta de la coca con normalidad en la calle, pero nuevamente mis hermanos cocaleros estaban expuestos ante las inclemencias del tiempo. Hemos reabierto (el mercado de Villa el Carmen) para dar comodidad a mis hermanos”, dijo el dirigente Arnold Alanes a La Razón.
Ese edificio fue tomado e incendiado por los cocaleros afines a Freddy Machicado, quien cumple una detención preventiva en el penal de San Pedro, acusado de liderar y provocar los daños a esa infraestructura.
Justamente, la facción de Machicado acusa de “ilegal” ese predio y defiende como “único y legítimo” al mercado de la calle Arapata, en Villa Fátima.
También le puede interesar:
Alanes denunció que, durante la toma, aparte de las agresiones a dirigentes, mujeres, periodistas, e incluso niños, los afines a Machicado “se llevaron puertas, taques de coca y otros materiales” valuados en “Bs 3 millones”.
El conflicto cocalero alcanzó la cima de la tensión cuando el bloque de Machicado, que denuncia la “ilegalidad” del mercado de Villa El Carmen, tomó por la fuerza ese edificio, ante duros cuestionamientos por las agresiones cometidas.
“Vamos a remodelar y refaccionar, pintar, hay ambientes muy dañados y (…) vamos a exigir garantías”, complementó Alanes.
Alanes y Machicado se arrogan la dirigencia legal y legítima de Adepcoca, lo que generó enfrentamientos entre los dos bloques.
Ante esa crisis, Alanes abrió su propio mercado de coca, en Villa El Carmen, bajo el argumento de que Ley General de la Coca no especifica la zona dónde debe funcionar.
No obstante, Machicado sostiene que el único centro de abasto es el que está en Villa Fátima, por lo que propició una serie de movilizaciones por más de seis semanas en la que se destacó el uso de dinamita.
En consecuencia, se le inició un proceso penal y se dispuso su detención preventiva, por seis meses.
Desde el Gobierno calificaron esas movilizaciones cono “políticas” y varias autoridades aseguraron que se busca la desestabilización de Luis Arce y su administración.
Defendieron esa idea con la coincidencia con las protestas del movimiento cívico cruceño en contra del censo en 2024.
