Según la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, Silala y Recursos Hídricos Internacionales (Diremar), la Gobernación de Potosí debe encarar una causa sobre la “deuda histórica” vinculada a las aguas del Silala.
El secretario general de Diremar, Emerson Calderón, explicó este jueves que este asunto no fue parte del litigio en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y que tampoco se solicitó su incorporación en el transcurso del proceso.
“Esto llevará su curso al margen de la decisión de esta Corte y es un asunto que compete a la Gobernación de Potosí, sucesora de la Prefectura de Potosí”, dijo Calderón, durante una conferencia en La Haya, según ABI.
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La postura fue emitida luego que la CIJ emitió el fallo en el marco de la demanda por el Silala.
En ese marco, la Corte consideró que Bolivia y Chile tienen derecho al “uso equitativo y razonable” de sus aguas.
Respecto al uso de este recurso, Calderón explicó que esto implica una deuda histórica que se vincula al resarcimiento que recibía la entonces Prefectura de Potosí, por la concesión que se hizo en 1908 a la empresa Bolivia Railway Company Limited Co. Ltd. para el uso de las aguas del Silala.
Esa concesión implicaba la alimentación de las locomotoras a vapor de la empresa chilena.
Sin embargo, ese pacto fue anulado el 14 de febrero de 1997 mediante Resolución Administrativa 71/97, que a su vez fue elevada a decreto supremo por el gobierno de entonces.
La parte resolutiva del decreto señala que “se justifica plenamente con la desaparición del objeto, la causa y la finalidad de la concesión temporal del uso de las aguas, por factores sobrevinientes decisivos, tales como la conversión tecnológica de las locomotoras de la empresa concesionaria”.
El documento añade que se elimina la “necesidad de agua, para la fuerza de vapor que antes las impulsaba, a lo que debe añadirse la inexistencia de la propia concesionaria como persona colectiva en actividad en el territorio boliviano”.
Además, que “se ha evidenciado el aprovechamiento indebido de dichas aguas por terceras personas ajenas a la concesión de su uso, con perjuicio para los intereses del Estado y en clara infracción de los artículos 136 y 137 de la Constitución Política”.
En 2009, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) exigió que Chile pague la deuda histórica por el uso del agua del Silala.
De hecho, esa exigencia hizo fracasar un principio de acuerdo en el que Chile se comprometía a pagar por el 50% del agua que iba a su territorio.
De acuerdo con el vocero boliviano para este proceso, Sebastián Michel, si se aceptaba ese acuerdo, Chile habría pagado “17.000 dólares cada día por el 50 por ciento del uso de las aguas” del Silala.
“Lamentablemente algunos sectores de la población lo rechazaron. Son 17.000 dólares diarios que hubiéramos ganado como país y como departamento de Potosí a partir de ese acuerdo del año 2009”, precisó Michel.
