Hace una semana, mientras gran parte de la opinión en el país tenía puesta su atención en Santa Cruz de la Sierra y el paro indefinido impuesto por su Comité Cívico, se conmemoró el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, esta vez menos publicitado que otros años y sin embargo igual o más trascendente que la disputa por la fecha del Censo o la ley al respecto.
La ocasión sirvió para desempolvar estadísticas ya añejas, pero también para señalar alarmantes resultados de estudios recientes. La violencia contra la mujer es, en realidad, un conjunto de violencias: expresiones agresivas, violentas y denigrantes contra quienes no son varones. Se argumenta que violencia sufren todas y todos y que la balanza de la justicia se inclina a un lado; estos argumentos omiten reconocer que la proporción de actos de violencia contra ellas es muy superior a la que padecen ellos. Reconocer esta diferencia es un imprescindible primer paso.
Las violencias contra las mujeres se reproducen cotidianamente, pero también se actualizan adaptándose a los nuevos medios de comunicación. En 2016, 75 de cada 100 mujeres reconocieron que habían sido víctimas de violencia en el curso de su relación de pareja; es difícil que esa proporción haya variado en los últimos años, y el Censo podría servir para actualizar algunos de esos datos. En 2022, el catálogo de violencias contra las mujeres incluye un variado arsenal de formas de agresión a través de las redes sociales.
Un informe de la Organización de Nacionales Unidas (ONU) con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) revela que en Bolivia se registran, en promedio, dos intentos de feminicidio cada día; hasta el último día de octubre, se habían registrado 80 asesinatos de mujeres por violencia feminicida. En Sudamérica, Bolivia es el país con más feminicidios, y en el continente ocupa el cuarto lugar en la infame lista.
La violencia sexual es un universo de manifestaciones que van desde miradas lascivas y demandas impropias, hasta violaciones grupales. Durante el mencionado paro cívico en Santa Cruz, solo la Casa de la Mujer recibió un promedio de ocho denuncias de violación cada día, varias de ellas perpetradas por “manadas”; a ello se añade la revictimización a la que se somete quien denuncia, agravada esta vez por los comportamientos autoritarios en los puntos de bloqueo.
El Gobierno lanzó una Campaña Revolución Cultural para la Despatriarcalización, con el lema “Un país no puede estar bien si tan solo una mujer está mal”, pero sin dar muchas muestras de verdadero compromiso con la causa. En todo caso, la poca atención que mereció el tema el 25 de noviembre es un buen motivo para recordar que las violencias son cotidianas y así debería ser la reflexión, pero sobre todo la acción, para cambiar ese estado de cosas. La sociedad entera debe involucrarse en la tarea.
