Cívicos de Potosí calificaron de adverso el fallo la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el Silala y anunciaron que conformarán una comisión para evaluar el dictamen y preparar una demanda contra el expresidente Evo Morales.
Según el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), el exmandatario tuvo la responsabilidad encaminar el proceso (en septiembre de 2018), durante su mandato, pero no presentó los suficientes sustentos para encarar el juicio.
Bolivia pidió a la CIJ establecer que “Chile no tiene derecho a ese artificial caudal” del Silala; sin embargo, la Corte no halló sustancia para pronunciarse al respecto, que en criterio de Comcipo se trata de una derrota.
Ante ese escenario, anunció una demanda penal en contra de Morales por los delitos de traición a la patria e incumplimiento de deberes.
Roxana Grass, presidenta de Comcipo, anunció que esa comisión estará conformada por representantes de la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF), del Colegio de Profesionales de Potosí y la brigada parlamentaria de ese departamento.
Asimismo, formarán parte varias “instituciones vivas del departamento, además de los residentes potosinos en cada departamento. Esta comisión se encargará de procesar a Evo Morales”, afirmó la dirigente.
El jueves, la CIJ estableció que Bolivia y Chile tienen “derecho al uso equitativo y razonable” de las aguas del Silala, manantial ubicado en Quetena, provincia Sud Lípez de Potosí.
Además, reivindicó la soberanía de Bolivia sobre el afluente y los canales artificiales, y definió que el acuífero es “de curso internacional”.
Según el embajador de Bolivia en Venezuela, Sebastián Michel, vocero de la causa, el fallo dejó “satisfechos” a ambos países.
Consideró además que la soberanía de Bolivia sobre las aguas del Silala “es tan de Bolivia, que Bolivia podría volver a los bofedales y canales a su estado natural”.
Sin embargo, en criterio de Comcipo, el fallo no se pronunció sobre el fondo de la demanda, ya que hubo un acuerdo entre Bolivia y Chile de reconocer que las aguas que están en Potosí son de cauce internacional.
Grass reiteró que cuando la CIJ publique el documento, éste será revisado, pues, en su criterio, el principal responsable es Morales.
“Se va a procesar al señor Evo Morales por los delitos de traición a la patria e incumplimiento de deberes”, remarcó.
El 6 de junio de 2016, Chile demandó a Bolivia, ante la CIJ, para pedir que ese tribunal declare que el Silala es un río de “curso de agua internacional y que Chile tiene derecho a usar sus aguas, conforme al principio del uso razonable y equitativo”.
En ese marco, Santiago solicitó a la CIJ declare que su uso actual cumple con este principio, “sin desconocer que Bolivia, como país ribereño, también tiene derecho a un uso razonable y equitativo”.
Históricamente, esa postura fue rechazada por Bolivia, por lo que en septiembre de 2018 el país presentó una contrademanda para que se le reconozca la “soberanía plena” sobre esas aguas, incluidos los canales artificiales construidos desde 1908.
Durante los más de seis años del juicio, ambos países presentaron sus respectivos argumentos, a través de réplicas y dúplicas para que sean evaluadas por los jueces de la Corte.
El jueves, el litigio llegó a su fin cuando la CIJ emitió el fallo, que el Gobierno calificó como satisfactorio, mientras que la oposición política y otros sectores, como los cívicos potosinos, lo califican como una derrota.
