Mientras los mal llamados “bandos”, es decir el oficialismo y la oposición nacional, continúan trabajando arduamente añadiendo elementos a sus respectivas narrativas para responder a la gran pregunta de la política partidaria sobre quién ganó o perdió gracias al paro cruceño de 36 días, por fuera del ámbito partidario existen varias otras aristas —sobre el qué se ganó o perdió— en las cuales es pertinente detenerse debido a las profundas implicancias sociales que sacaron a flote o que sembraron en nuestro entramado social nacional y local.
El hecho de que el paro cruceño haya sido un evento sociopolítico de tal duración, no solo ha devenido en importantes movimientos dentro de la política partidaria, sino que, de manera más crítica, ha servido para develar, reflotar, actualizar y, lastimosamente, agudizar las contundentes heridas que han quedado en nuestro tejido social como resultado de la crisis política de 2019. Es, por tanto, necesario el énfasis al momento de señalar que, a reserva del balance político que se pueda hacer sobre los efectos del paro, las consecuencias en materia de violación a los derechos humanos han sido alarmantes y poco se ha hablado al respecto.
Dentro de los 42 casos de vulneración de derechos humanos a niños/as, mujeres, personas adultas mayores e indígenas identificados por la Defensoría del Pueblo, están los siguientes hechos, relevados en un repaso realizado por Kathryn Ledebur, directora de la Andean Information Network: a) casos de mujeres golpeadas en el Plan Tres Mil, b) el caso de un ciudadano cuya ropa se prendió en fuego tras haber sido alcanzado por una bomba Molotov, c) casos de saqueo de negocios, d) situaciones de golpes a transportistas así como destrozos a sus vehículos y e) violencia contra mujeres e instituciones defensoras de derechos, entre otros.
Es así que posicionar que los balances sobre lo ocurrido en el departamento de Santa Cruz durante noviembre tienen, sobre todo, una “medida” político-partidaria, permite perversamente que se dejen de lado las graves consecuencias sociales que del conflicto mismo quedaron y que se materializaron en discursos de odio, devenidos actos violentos basados en el odio, el racismo, el machismo y el regionalismo, que definitivamente no pueden quedar en la impunidad.
Los datos sobre los hechos son concretos y, aunque al momento de dar cuenta de los contenidos de la importante sesión de Senado en la que se aprobó la ley del Censo se haga mayor referencia a los rimbombantes discursos políticos que ahí emergieron, lo cierto es que —oídas con agudeza— las intervenciones desde el oficialismo sí convergían en la voluntad de la búsqueda de justicia por estas situaciones que tan aislada, sesgada y desordenadamente fueron informadas al resto del país cuando no al mismo departamento de Santa Cruz.
Tiene que servir pues esta lectura (y ojalá voluntad) en común de quienes votaron a favor o en contra de la mencionada norma para que, el siguiente paso, una vez disminuido el calor político del conflicto, el Estado proceda ineludiblemente a poner todos sus esfuerzos en la búsqueda de justicia y resarcimiento por todos, todas y cada una de las víctimas de la violencia y vulneración de derechos en Santa Cruz, que son la verdadera y compleja consecuencia que le queda, después de 36 días, al departamento cruceño y al país.
Verónica Rocha Fuentes es comunicadora.Twitter: @verokamchatka.
