La Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, estableció que Bolivia y Chile tienen “derecho al uso equitativo y razonable” de las aguas del Silala.
Con ese fallo se puso fin a la disputa legal entre ambos países.
El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, tras conocer el fallo, señaló en su cuenta de Twitter que en ese fallo “ni ganadores ni vencidos”.
Y apuntó que a lo que se insta es a mejorar políticas sobre recursos hídricos transfronterizos.
El exmandatario agregó también que la “CIJ reconoce coincidencias en aplicación del Derecho Internacional, estudios científicos y alienta acuerdos” entre las partes.
Rodríguez Veltzé se desempeñó como agente de Bolivia ante la CIJ en el caso Silala en 2016.
Sin embargo, renunció en medio de la crisis política que se vivió en noviembre de 2019.
Un hecho peculiar de este caso fue que se trató de dos procesos en uno: la demanda de Chile contra Bolivia (iniciada en 2016) y la contrademanda de Bolivia contra Chile (2018).
En otro tuit, respondió algunos comentarios e indicó que el fallo también favorece a Bolivia por el allanamiento de Chile a varios puntos de la contrademanda. “Las coincidencias eliminaron los objetos de las demandas, hoy son desafíos para acuerdos sobre los recursos transfronterizos”, acotó.
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La presidenta de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la jueza estadounidense Joan E. Donoghue, también convocó a ambos países a mantener “consultas de manera continua” para garantizar sus derechos sobre las aguas del Silala y promover su protección.
“La Corte invita a las partes a tener en cuenta la necesidad de realizar consultas de manera continua con un espíritu de cooperación, a fin de garantizar el respeto de sus respectivos derechos y la protección y preservación del Silala y su medioambiente”, señaló Donoghue al concluir la lectura de la sentencia de la Corte, que fue recogido por la agencia ABI.
La disputa legal entre Bolivia y Chile llegó a la CIJ en 2016.
El país vecino pidió a la Corte de La Haya que declarase al Silala como un curso de agua internacional, sujeto a normas específicas, para garantizar sus derechos sobre el uso de ese recurso hídrico en su territorio.
El país respondió en 2018 con una contrademanda para que la Corte le reconozca sus derechos sobre el flujo artificial del río, por el sistema de canales construidos.
Además, exigió que se pague una indemnización por el uso de las aguas.
