La Ley de Aplicación de Resultados del Censo, finalmente promulgada por el presidente Arce, ha generado amplia polémica sobre su contenido y necesidad. Su aprobación pactada expresa también la división interna en el MASIPSP, incluidas listas de “traidores”. Y es una norma que dio respiro a la élite cruceña, extraviada tras su derrota por la fallida consigna de Censo 2023.
Durante la radicalizada disputa en torno al Censo, la discusión se concentró en la fecha y menos en el instrumento legal. La demanda cruceña giraba en torno a un nuevo decreto supremo que adoptara su consigna de realizar el Censo en octubre de 2023. Luego de varias reuniones y de una mesa técnica, hubo nuevo decreto, fijando el 23 de marzo de 2024 como fecha del Censo. Entonces, como recurso desesperado, surgió la idea de “ley mata decreto” (sic). Querían bajar el decreto presidencial con una ley.
Un masivo pero extraño cabildo departamental, sin ninguna deliberación, aprobó la exigencia de que el decreto de Arce (Censo en marzo 2024) se convierta en ley. Ofuscados asambleístas de Creemos y de Comunidad Ciudadana presentaron cinco proyectos de ley, nada menos, insistiendo en la consigna política de Censo en 2023. Hasta que el propio Comité Interinstitucional cruceño reconoció que era algo técnicamente imposible. La nueva exigencia apuntó a una ley que garantice la aplicación de resultados del Censo.
¿Era necesaria una ley que estableciera lo que ya había sido definido en un decreto supremo? Una facción del MAS-IPSP, afín al presidente Arce, en sintonía con la oposición, aceptó aprobar dicha ley como concesión para que se levantara el paro indefinido. Otra facción de la bancada masista, afín al expresidente Morales, desahució la necesidad de la ley, denunciando un “pacto con la derecha golpista”. La ley se aprobó en la Asamblea Legislativa con la mayoría formada por el grupo arcista y la oposición.
Hay quienes ven en este hecho una suerte de resurgimiento de la malograda “democracia pactada”. No parece comparable. Si bien la ley del Censo implicó un acuerdo no declarado entre una parte del oficialismo y las fuerzas opositoras, ello está lejos de implicar un pacto político y, menos aún, una coalición multipartidista. Fue más bien una convergencia circunstancial con arreglo al conflicto y su desenlace. Cierto que con el decreto bastaba, pero la ley brindó una salida menos deshonrosa a la élite cruceña.
La ley entonces logró el propósito de superar el conflicto, al menos por ahora. Pero el acuerdo que la hizo posible no niega la evidencia de que durante esta inútil disputa hubo un fracaso de la política y de todos sus actores relevantes. El paro indefinido cruceño se pudo evitar: con más diálogo y menos consignas. Igual quedan las secuelas de una medida radical, hoy desgastada, que luego de 36 días no logró su propósito y dejó en cambio heridas y varias violaciones de derechos humanos que deben ser sancionadas.
