A través de un comunicado, el Comité pro Santa Cruz denunció el inicio de una persecución política en contra de los promotores del paro indefinido que se ejecutó en ese departamento, durante 36 días.
Al respecto, el Gobierno afirmó que se busca sentar un precedente por la afectaciones y vulneración de derechos humanos que sufrieron los habitantes de esa región, a consecuencia de esa medida de presión.
La institución cruceña denunció al Gobierno ante la comunidad internacional, “que utilizando a la justicia como su brazo represor, está iniciando procesos penales contra líderes y miembros del Comité Interinstitucional” (sic), señala parte del comunicado.
Según el comité cívico, es acción se ejecuta “solo por haber cumplido el mandato del pueblo”, en referencia a la medida de presión que se llevó a cabo por más de un mes.
Lea más: Cuéllar asegura que está en condiciones de presentar 2 millones de testigos
A fines de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó la Ley para la Distribución de Escaños en Base a los Resultados del Censo de Población y Vivienda 2024, y horas después el paro se levantó.
En tanto, el Gobierno, a través del ministro de Defensa, Edmundo Novillo, negó una persecución política y demandó a los operadores de justicia “activar lo antes posible” las demandas presentadas contra los promotores de esa medida de presión.
En su criterio, se deben asumir medidas legales ante la violación de derechos humanos y delitos cometidos durante los 36 días del paro, a fin de “sentar un precedente”.
“El actuar de la Justicia tiene que garantizar a todos los ciudadanos, en toda circunstancia, ya sea en movilización pacífica o reivindicación, a que no se vulnere sus derechos a su integridad física, a su vida, ni tampoco a sus bienes, la justicia tiene que activarse lo más pronto posible y sentar un precedente”, enfatizó.
Durante el paro se reportaron cuatro muertos, más de 180 heridos, una violación grupal en un punto de bloqueo cívico, cobros en los puntos de bloqueo, quema de la sede de los campesinos y el saqueo de la Central Obrera Departamental (COD).
Asimismo, dueños de negocios denunciaron agresiones contra quienes que se resistían a paralizar sus labores.
Además, grupos violentos de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) atacaban a vecinos del Plan 3.000 que no acataron la medida.
La pasada semana, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó de la admisión de la denuncia contra el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, y el líder cívico, Rómulo Calvo.
En ese marco, se los acusó de ser los principales promotores de los hechos de violencia y vulneraciones a los derechos humanos reportados durante el paro cívico en Santa Cruz.
De inicio, los movilizados demandaban el Censo para 2023, no obstante, del comité cruceño terminó aceptando la decisión del Gobierno de fijar, sobre la base de un estudio técnico, el empadronamiento para el 23 de marzo de 2024, como señala el decreto 4824.
