Ante los anuncios de procesos, el rector Vicente Cuéllar, aseguró que está en condiciones de presentar 2 millones de testigos en su favor.
El rector es uno de los vinculados en las pérdidas económicas, de vidas humanas y otros delitos durante el paro en Santa Cruz.
“Creo que judicializar el derecho a la protesta que tenemos todos los bolivianos es una mala señal, es persecución política y abuso de poder», dijo en conferencia.
«Sin embargo, estamos en condiciones de presentar 2 millones de testigos para cuando seamos notificados”, acotó a los periodistas.
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El rector de la Universidad Gabriel René Moreno (UAGRM) es uno de los tres líderes cruceños sindicados de alentar el paro en Santa Cruz que duró 36 días.
Durante esa medida cuatro personas perdieron la vida, hubo agresiones físicas, verbales, discriminación, pérdidas económicas, racismo y destrozo de bienes del Estado, entre otros hechos.
Violencia
Aseguró que los grupos de choque de algunos ministros de Estado y el cerco a Santa Cruz originaron la violencia, puesto que, en su criterio, el paro se cumplía pacíficamente.
“Quienes han inducido a la violencia son, primero, algunos ministros que hicieron grupos de choque para romper el paro pacífico que estaba cumpliendo el pueblo cruceño”, dijo.
“Segundo, quienes generaron violencia fueron los que vinieron a cercar Santa Cruz”, añadió.
Asimismo, el rector de la universidad cruceña adelantó que espera ser notificado estos días para declarar respecto a las acusaciones en su contra.
“Hasta el momento no he sido notificado, seguramente en el transcurso de la semana nos irán a notificar”, aclaró.
La razón
El presidente, Luis Arce, promulgó la Ley 1492, de Aplicación de los Resultados del Censo de Población y Vivienda en los ámbitos Financiero y Electoral.
Según establece el Decreto Supremo 4824, el empadronamiento nacional se realizará el 23 de marzo de 2024. La redistribución iniciará en septiembre del mismo año.
En análisis de Cuéllar, la ley del Censo muestra que el “mismo Gobierno y el Parlamento” dieron la razón.
“Nosotros estábamos parando porque no se había definido, específicamente a través de una norma, que de confianza al Censo de Población y Vivienda”, indicó.
Acotó que al haber sido sancionada y promulgada dicha ley, sobre las redistribuciones, significa que desde el Gobierno se dio la razón.
“Nos dieron la razón, por lo tanto, nuestra protesta era justa. Entonces, ¿cuál es el delito si ellos mismos, a través de una ley, reconocen que nosotros teníamos la razón?”, se cuestionó.
Proceso
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, anunció que “por conexitud de casos”, todas las denuncinas contra Camacho, Calvo y Cuéllar serán acumuladas en un solo proceso.
Este proceso, por todas las denuncias en contra de los líderes cruceños, radicará en la ciudad de La Paz.
