Si bien el fiscal departamental, Róger Mariaca, contradijo al nacional, Juan Lanchipa, sobre la radicatoria del juicio contra Vicente Cuéllar, Rómulo Calvo y Luis Fernando Camacho, finalmente quedó claro que este va en dos casos, uno en La Paz y otro en Santa Cruz. Esta decisión ha motivado la protesta de los líderes de la Comisión Interinstitucional de Impulso al Censo, que han calificado de “judicialización de la protesta” esta determinación.
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, reveló que los procesos contra el gobernador Luis Fernando Camacho, el cívico Rómulo Calvo, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, por el paro cívico cruceño se unificaron en una sola investigación en La Paz.
“Como Ministerio Público y por conexitud de casos se ha dispuesto la acumulación de todas las denuncias que se han presentado contra el señor Camacho, Calvo y otros”, informó Lanchipa en declaraciones a la red DTV.
Sin embargo, el fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, indicó que radica en Santa Cruz porque los jueces de La Paz y Sucre se excusaron. Por la noche, Mariaca explicó que son dos procesos, uno de ellos se desarrollará en La Paz, donde se realizó la demanda y otro que se denunció en Chuquisaca, pasará a jurisdicción de Santa Cruz.
Lanchipa también adelantó que son alrededor de 10 delitos que le imputan a los tres.
El gobernador Luis Fernando Camacho y el rector Vicente Cuéllar acusaron al Gobierno, por separado, de pretender judicializar los 36 días de paro indefinido en Santa Cruz en demanda de Censo en 2023.
“Todos hemos visto el revanchismo con el que actúa el Gobierno. No he sido notificado y sin duda han hecho público que habrá procesos, por eso estamos esperando que nos notifiquen”, dijo el gobernador cruceño.
“Esto no es desconocido, es la forma como actúa el Gobierno, judicializando todas nuestras luchas y llevándonos al escenario del banquillo de los acusados”, acotó.
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Por su parte, el rector de la Universidad Gabriel René Moreno (AUGRM), Vicente Cuéllar, calificó como “mala señal” las advertencias de procesos en su contra.
“Es una mala señal que se empiece a judicializar la protesta. Ojalá que sea solo una denuncia y la justicia actúe de manera independiente”, señaló a los medios de comunicación.
“Creo que judicializar el derecho a la protesta que tenemos todos los bolivianos es una mala señal, es persecución política y abuso de poder. Sin embargo, estamos en condiciones de presentar 2 millones de testigos para cuando seamos notificados”, añadió.
“Si él quiere presentar dos millones de testigos, la Fiscalía tendrá que tomar declaración a dos millones», le respondió el viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico
«Supongo, además, que en 20 años él seguirá en proceso porque esto no se va a extinguir porque hay más testigos, si quiere alargarlo ni modo”, acotó.
