Perú vive en la incertidumbre de lo que pueda ocurrir este miércoles cuando un desprestigiado Congreso intente destituir, por tercera vez en 16 meses, al presidente Pedro Castillo, a quien la fiscalía investiga por corrupción y cuyo mandato finaliza en 2026.
La pertinaz pugna entre el Ejecutivo izquierdista y el Legislativo, dominado por la derecha, perfila tres escenarios: Castillo sale indemne, o cae y lo reemplaza su vicepresidenta Dina Boluarte para completar su mandato, o asume ella y convoca a elecciones generales en 2023.
Para remover a un presidente la Constitución de Perú exige 87 votos, una cantidad de la cual no dispone la oposición.
«Proponemos la vacancia de la Presidencia de la República, ocupada por José Pedro Castillo Terrones por haber incurrido en la causal de permanente incapacidad moral», dice el texto de la moción suscrita por 73 congresistas que busca sacarlo del cargo.
Esta es la tercera moción para destituir a Castillo. En marzo pasado, la anterior alcanzó 55 votos. La primera moción, en diciembre de 2021, no llegó a ser debatida por el pleno del Congreso.
Similares mociones condujeron a la caída de los exmandatarios Pedro Pablo Kuczynski, en 2018, y Martín Vizcarra, en 2020.
Le puede interesar: Castillo reafirma su intención de gobernar hasta acabar la legislatura pese a las presiones de la oposición.
La reciente propuesta de la Organización de Estados Americanos (OEA) de una «tregua política de cien días» entre Ejecutivo y Legislativo cayó en saco roto dada la polarización existente en el país.
La sesión del Pleno empieza a las 15H00 locales (20H00 GMT) y el presidente está invitado para presentar sus alegatos en este juicio político.
– ¿Sale Castillo, llega Dina? –
«Estamos mucho más encaminados a nuevas elecciones, Castillo puede decir que no va a reconocer (la destitución), que va a pedir medidas cautelares, pero la dinámica de las cosas lleva inevitablemente a que no acabe el periodo para el que fue elegido», sostiene la analista Giovanna Peñaflor, de Imasen, una firma de investigación sociológica y política.
«Veo difícil que no logren la vacancia los congresistas», dice a la AFP.
«El Congreso está camino a entender que todos se tienen que ir para dar paso a las elecciones generales», acota.
La percepción del peruano de a pie es que el Congreso supera en desprestigio a Castillo. Un 73% desaprueba la labor parlamentaria, según un sondeo de la encuestadora Ipsos de noviembre.
Boluarte esta habilitada a asumir la presidencia en forma interina luego de que esta semana una comisión legislativa archivó una denuncia en su contra por una presunta infracción constitucional.
Castillo, cuya desaprobación es de 66%, ha sobrevivido a los intentos previos de vacancia por la fragmentación del parlamento y los escándalos de corrupción entre congresistas, que han dividido las bancadas.
Según Peñaflor, las insinuaciones de Castillo de una eventual disolución del Congreso podrían alentar a los legisladores a cerrar filas en su contra.
«Quienes le aconsejaron eso, cometieron un error terrible, no tiene legitimidad para hacer eso», estima la analista política.
La incógnita es si Dina Boluarte, una abogada de 60 años carente de bancada parlamentaria, querría completar su mandato constitucional hasta 2026 o si convocará a elecciones generales anticipadas.
«Si llega Dina al poder, eso dura cinco o seis meses, lo mejor es que convoque a elecciones», dice a la AFP Augusto Álvarez Rodrich, analista político y columnista del diario La República.
La incertidumbre se acrecienta porque además el gobierno ha declarado que no reconocerá el resultado de una posible votación adversa.
– Otros panoramas –
«Si no se logra la vacancia, el país seguirá igual, a la deriva, lo que tenemos ahora es un desastre político», previene Álvarez.
Los pedidos de vacancia seguirán apareciendo y el pedido de tregua de cien días hecho por la OEA no será acatado por la oposición, vislumbra.
«No hay espacio para la tregua de la OEA, nadie quiere conversar con un presidente como Pedro Castillo que no proyecta confianza», dice Álvarez.
Otro escenario viable es que Castillo sea destituido, su vicepresidenta renuncie y el jefe del Congreso asuma la presidencia temporalmente.
En ese eventual caso, el líder del Congreso, José Williams, debe convocar a elecciones en un plazo máximo de 6 meses.
