Un tribunal condenó este martes a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández a seis años de prisión y la inhabilitó para ocupar cargos públicos de manera perpetua tras hallarla culpable de fraude y corrupción mientras se desempeñó como presidenta de Argentina, de 2007 a 2015.
Fernández , de 69 años, fue hallada culpable de «administración fraudulenta» en perjuicio del Estado en el otorgamiento de obras viales en la provincia de Santa Cruz (Patagonia, sur), de donde es originaria.
La causa tiene un fuerte impacto político en un país polarizado entre el gobernante peronismo y la oposición de derecha, en medio de una grave crisis económica con casi 100% de inflación anual estimada.
Pese a la condena, Fernández no irá a prisión por contar con fueros.
El fallo en primera instancia abre un largo derrotero de apelaciones y Fernández podría incluso presentarse a cualquier cargo en las elecciones generales de 2023, incluida la presidencia.
«La condena tiene un fuerte impacto político», declaró a la AFP el analista Rosendo Fraga. Pero «la posibilidad de que sea detenida por esta condena es inexistente».
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– Condenada «de antemano» –
Desde el inicio del juicio, en 2019, la exmandataria sostuvo que su condena «está escrita de antemano» al denunciar que se trata de «un juicio político» que persigue aleccionar a todo el peronismo.
Fernández estuvo acusada, junto a otras 12 personas, por la adjudicación supuestamente irregular de contratos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz (sur) durante sus dos mandatos presidenciales.
La fiscalía pidió para ella 12 años de prisión al considerarla «jefa de una asociación ilícita» y por defraudación, además de solicitar la inhabilitación política para ejercer cargos públicos. El tribunal no aceptó el cargo de «asociación iilícita».
Fernández dijo que más allá de la sentencia condenatoria, seguirá en política. «Opinar y decir lo que me parece que hay que hacer para salir y construir un país mejor para nuestra gente, a eso no voy a renunciar nunca», advirtió.
En sus palabras finales ante el tribunal, Fernández acusó a los jueces de haber «inventado y tergiversado» los hechos. «Esto es un pelotón de fusilamiento», dijo.
La pena de seis años es la máxima por fraude al Estado.
De los 13 acusados en la causa, la mayoría exfuncionarios, nueve fueron condenados, tres fueron absueltos y uno tuvo su causa prescripta.
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– «Tiene que absolver» –
«Es muy difícil fundamentar una condena. Si hay Derecho, y esto es Estado de Derecho, (la justicia) tiene que absolver», había asegurado el lunes uno de los abogados de la vicepresidenta, Gregorio Dalbón, al considerar que las pruebas no eran suficientes.
El analista Rosendo Fraga consideró que el impacto del veredicto será fuerte. «La estrategia de Cristina va a ser profundizar su teoría del ‘lawfare’, que consiste en denunciar los fallos adversos en las causas de corrupción como una maniobra política para impedir su candidatura, haciendo la analogía con lo sucedido con Lula en Brasil cuatro años atrás», dijo a la AFP.
En todo caso «buscará manifestaciones de adhesión de los líderes progresistas de la región, empezando por el brasileño», estimó.
La sentencia sin prisión efectiva «será una decepción para los sectores antikirchneristas», apuntó Fraga.
«Es probable que ella, si no se presenta de candidata a la presidencia, lo haga a la senaduría de la provincia de Buenos Aires, con lo cual tendría fuero hasta el 10 de diciembre de 2029», estimó.
– Respaldo –
Desde muy temprano, un puñado de seguidores se acercó a los tribunales del barrio de Retiro para expresar su respaldo a Fernández, pese a que ella como los demás acusados escucharon el veredicto de manera virtual.
«Estoy acá defendiendo a Cristina, la defendemos por lo que hizo y porque sabemos lo que puede seguir dando. Es una persona transparente. Si la están juzgando es por todo lo que le dio al pueblo», declaró a la AFP Marcelo Graziano, de 50 años, frente a los tribunales.
Varias organizaciones kirchneristas se declararon en alerta sin llamar a una movilización conjunta. Un sector más radicalizado comenzó una larga marcha desde el límite oeste de Buenos Aires hacia los tribunales.
«Si tocan a Cristina, paramos el Estado. No vamos a permitir un ‘Lula’ en nuestros país», dijo días atrás Daniel Catalano, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado.
Sin embargo, la propia vicepresidenta desalentó las movilizaciones para evitar provocaciones, dijeron fuentes partidarias.
El 1 de septiembre Fernández sufrió un intento de homicidio cuando un hombre armado se coló entre seguidores que la esperaban a las puertas de su casa para expresarle su respaldo frente al juicio.
