Denuncio la corrupción de la Justicia argentina, manipulada por una oligarquía antipatria que ha creado un Súper Estado para supeditar los intereses argentinos a los de un pequeño grupo de mafiosos que se hacen pasar por empresarios y que lucran con las vidas del pueblo trabajador.
Este Súper Estado es un Estado sobre otro Estado. Es un Estado que nadie eligió pero que opera sobre las instituciones de la democracia.
Es un poder que se ejerce fácticamente mas no legalmente, mucho menos legítimamente.
Este poder es el que maneja los hilos de los medios de comunicación, la Justicia y la economía, sin haber ganado el voto de la mayoría de los argentinos.
Es un poder que se consolidó en el gobierno de Mauricio Macri con el endeudamiento desproporcionadamente irracional con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Es el mismo poder al que se enfrentaron Néstor y Cristina cuando trataron de regular al principal monopolio mediático de Argentina, Clarín, y al sector sojero del país que mediante su política de monocultivo extranjeriza un recurso estratégico para su pueblo.
Este mismo poder, mafioso, es el que ha vuelto para cobrar venganza. Llegando incluso a financiar, por parte de un grupo de empresarios amigos de Macri, a un grupo violento para matarla.
Contra el pueblo trabajador que osó disputarle la riqueza de su fuerza de trabajo a esa corporación de delincuentes. Pero también es el mismo pueblo que volvió a elegir a Cristina y a un gobierno popular, después de cuatro años desastrosos de Macri.
Eso no se lo perdonan al pueblo que se atrevió a elegir nuevamente a su lideresa.
Pretenden escarmentar a Cristina por representar los intereses del pueblo argentino.
Para dejar en claro que quien se atreva a tocar los intereses de la mafia del Súper Estado oligárquico, pagará con su libertad.
Pero Cristina no está sola, y mucho menos su pueblo la abandonará. El próximo 12 de diciembre, en la convocatoria del acto en el que Cristina será la única oradora, será el momento para demostrarlo.
A Cristina tratan, fundamentalmente, de sacarla de las elecciones. La verdadera sanción no es que vaya presa, sino que no pueda ser candidata. Los jueces contra toda lógica, sin elementos, terminaron dándole seis años de cárcel, buscando ilegalizarla.
No la castigan por cosas que supuestamente habría hecho mal. La castigan por haber hecho las cosas bien, en favor de su pueblo.
Ariel Basteiro es embajador de Argentina en Bolivia.
