En 36 días de paro indefinido, en demanda de un Censo en 2023, Santa Cruz padeció muertes, hechos de violencia y racismo. Algunos responsables admitieron su culpa y fueron sentenciados, y a otros se los apunta.
En criterio del Gobierno, la comisión de delitos durante las protestas no puede quedar impune y por eso se busca sentar un precedente por la vulneración de los derechos humanos durante el paro indefinido.
“La justicia tiene que activarse lo más pronto posible y sentar un precedente”, advirtió el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, sobre la violencia del paro.
El 11 de noviembre, el vocero de la Universidad Gabriel René Moreno (UAGRM), Manfredo Bravo, admitió que los “malvivientes” habían tomado el control de las protestas.
“Borrachos, malvivientes y drogados se apoderaron de puntos de bloqueo; ya no es el ciudadano común el que está bloqueando, hay gente malviviente”, afirmó.
Sin embargo, el Comité pro Santa Cruz denunció una “afán de revanchismo” del Gobierno, “utilizando la justicia como su brazo represor” y de “persecución política”.
Es que el lunes, la Fiscalía General del Estado (FGE) anunció la agrupación de la menos tres denuncias, “por conexitud de casos”, contra los principales promotores del paro indefinido.
El gobernador Luis Fernando Camacho, el presidente del Comité pro santa Cruz, Rómulo Calvo, y el rector de la UAGRM, Vicente Cuéllar, fueron denunciados en varios casos.
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Como cabeza del Comité Interinstitucional Impulsor del Censo propiciaron las movilizaciones que degeneraron en al menos cuatro muertes, violencia y racismo, como repasamos en esta edición:
Muerte en Puerto Quijarro
El mismo día en que se inició el paro, el 22 de octubre, una persona, Julio Taborga, murió luego de una golpiza en un punto de bloqueo en Puerto Quijarro.
Según las primeras investigaciones del Ministerio Público, el hombre fue golpeado hasta morir por seguidores cívicos que impulsaban las protestas por el Censo en 2023. Tres personas guardan detención por el hecho.
Racismo contra ayoreas
La mañana del 28 de octubre, un grupo de mujeres de la nación ayorea que bloqueaban en contra del paro fue amedrentado y discriminado por Daniel Velázquez, subgobernador de la Provincia Ñuflo de Chávez.
El hombre, con chicote en mano y propalando palabras racistas, intentó cruzar el sector y desbloquear el punto. Incluso denunció que fue chicoteado luego de los incidentes.
El juez de instrucción penal de Concepción, Jhonnie Orinohi, emitió un fallo en contra del funcionario, que contempla arraigo, fianza de Bs 20.000 y la presentación cada semana a firmar un acta en la Fiscalía.
Además, prohibió a Velásquez acercarse a la comunidad ayorea denunciante.
Violencia en La Guardia
La noche del martes 1 de noviembre, en camionetas y motocicletas, pertrechada de petardos u bazucas artesanales, incluso armas de fuego, una facción de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) llegó a La Guardia con el fin de desbloquear un cerco campesino contra el paro.
Hubo enfrentamientos entre “unionistas” y efectivos de la Policía, además de varios detenidos. En medio de los incidentes, el periodista de la red Unitel Mario Rocabado fue herido en la cabeza y socorrido por la Policía.
Según investiga el Ministerio Público, los movilizados destruyeron seis vehículos patrulleros, uno con arma, y saquearon el comando policial del municipio.
De entre los detenidos, Anderson Lijerón López, de 22 años, se declaró culpable de los ilícitos y fue sentenciado a prisión en Palmasola en un juicio abreviado.
Motociclista degollado
La noche del 9 de noviembre, un hombre, Eduardo Arancibia (22), que retornaba a su casa en una motocicleta junto a dos personas, resultó degollado por un cable coaxial que los bloqueadores habían tendido de poste a poste en un punto de bloqueo.
La víctima no se percató de la extensión y fue sorprendido con fuerza, hasta que perdió la vida por una herida profunda en el cuello. Cinco personas, que controlaban el punto, están aprehendidas.
Apuñalados en un punto
Al día siguiente, la madrugada del 10 de noviembre, en la zona Barrio Latino dos hombres fueron apuñalados; a José Eduardo Sosa (28) le extirparon el corazón, mientras que Jhon Jairo Montero (19) resultó herido.
Según la Policía, ambos se disputaban el control del punto de bloqueo. Una persona se encuentra en prisión con detención preventiva por el caso.
Quema de la sede de campesinos
El 11 de noviembre, a 21 días de haber iniciado el paro cívico en Santa Cruz, gremiales, transportistas e interculturales protestaron contra el paro con una movilización hacia la rotonda del Chiriguano.
A su paso, algunos encapuchados desmantelaron puntos de bloqueo y se encontraron la resistencia de miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), quienes, en represalia más tarde, quemaron la sede de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos ‘Apiaguaki Tumpa’.
Además, doblaron las rejillas, golpearon constantemente el letrero de esta federación, sacaron sillas, mesas y saquearon las instalaciones. De los 10 acusados de haber propiciado el incendio en la sede, cuatro deberán esperar su proceso en el penal de Palmasola.
Saqueo de la COD
El mismo día, miembros de la UJC saquearon la sede de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz, de la que se llevaron equipos y materiales.
Al menos dos personas se sometieron a un juicio abreviado y recibieron sentencia condenatoria cuatro años de prisión y 15 recibieron medidas sustitutivas.
Bloqueo al acceso a la salud
En distintas fechas, hubo hechos de violencia que vulneraron el acceso a la salud y al libre tránsito.
Desde el Ministerio de Salud y familiares de pacientes con cáncer se denunció que los bloqueadores trataron con crueldad a los enfermos, incluso a los niños, impidiendo incluso el paso de las ambulancias.
Incluso hubo personas que controlaban credenciales del personal médico en los vehículos de emergencia.
Enfermos renales fallecidos
Igual panorama sufrieron los enfermos renales. El secretario general de Vida y Esperanza, de los centros de hemodiálisis, Marco Antonio Torres, denunció que debido al paro con bloqueos cinco pacientes que necesitaban realizar hemodiálisis no fueron atendidos oportunamente y fallecieron, mientras que otros se encuentran en terapia intensiva.
Violencia en puntos de bloqueo
Lo que comenzó como un “paro pacífico”, con el pasar de los días, se fue convirtiendo en ola de agresiones de parte de algunas personas que resguardaban los puntos de bloqueo.
Con palo en mano y amedrentando a la gente que pasaba por el lugar, iban desquitando su ira contra aquellos que no estaban de acuerdo con la medida y les cobraban “peaje”.
En algunos puntos los ciudadanos fueron agredidos cuando intentaban pasar con sus bicicletas, fueron obligados a descender y a cruzar a pie, “como símbolo de respeto al paro”.
‘Peaje’ en los puntos de bloqueo
Estos puntos de bloqueo fueron aprovechados por algunos “pitilleros” o extranjeros para lucrar: cobraban una “peaje”, incluso bajo boleta, a quienes cruzaban el lugar.
La Dirección de Migración deportó a al menos tres foráneos.
Y los testimonios sobre cobros irregulares abundaron en redes sociales.
