El presidente Luis Arce afirmó que el derecho a la protesta no puede servir para justificar la quema de sedes obreras y campesinas, en alusión a la violencia durante el paro en Santa Cruz.
“El legítimo derecho al ejercicio de la protesta jamás puede servir para justificar la quema de sedes obreras y campesinas”, dijo en el acto de clausura de gestión de la Escuela Militar de Sargentos del Ejército en Tarata, Cochabamba.
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El 22 de octubre, a convocatoria del Comité Interinstitucional, comenzó un paro indefinido en Santa Cruz en demanda de Censo en 2023.
Una serie de hechos de violencia empañó la protesta, según reportes de la Defensoría del Pueblo y medios de información.
Quema y saqueo
El viernes 11 de noviembre, cientos de gremialistas, campesinos y vecinos cruceños participaron de una marcha en rechazo al bloqueo indefinido.
Al llegar al monumento al Chiriguano, fueron interceptados y atacados por grupos violentos.
Los agresores eran miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), brazo operador del Comité pro Santa Cruz.
Horas después, los miembros de esos grupos tomaron y quemaron el inmueble de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz.
Sus ocupantes lograron escapar para salvar sus vidas.
En tanto, los agresores quemaban en puertas de la Federación un sinnúmero de documentos, muebles y hasta wiphalas.
Otro grupo de cruceños aplaudió y vitoreó el ensañamiento contra los campesinos asegurando que eran “masistas”.
Dijeron que “Santa Cruz se respetaba” y que no permitirían más la presencia de “collas” e “indios”.
También ese día, la sede de la Central Obrera Departamental (COD) fue saqueada.
Abusos
Durante su alocución, Arce también censuró que en esos días se produjo la toma de comandos policiales, abuso de mujeres indígenas y otros actos de violencia.
“Es necesario sentirse indignado por lo sucedido durante los meses de octubre y noviembre como si aquellas injusticias se las hubiera cometido contra uno mismo, porque efectivamente fue así”, aseveró.
A raíz de esos hechos, se anunció la apertura de procesos penales en contra de los promotores de la protesta.
El gobernador Luis Fernando Camacho, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y el rector de la Universidad Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar.
Los tres afirmaron, por separado, que se trata de una persecución política y que el Gobierno pretende “deslegitimar y judicializar” una protesta que fue pacífica.
Persecución
Ante esa postura, Arce dijo que cuando se abren juicios y se denuncian actos que provocaron pérdidas económicas, dolor, muerte y hasta un hecho de violación grupal, no puede haber apología al denunciar la aplicación de la justicia como un acto de persecución política.
“Cuando un miembro de una comunidad política hace que su provecho personal dependa del perjuicio del resto, no ha hecho otra cosa que declararse a sí mismo como enemigo del bien común», dijo.
«Y del resto de la sociedad que a su vez tiene el derecho y la obligación de defenderse”, reflexionó.
Arce finalizó su intervención asegurando que el país acaba de superar ese conflicto que se llevó cuatro vidas humanas, cientos de personas heridas y dejó miles de compatriotas afectados en sus derechos al trabajo y libre tránsito.
