El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, junto a la dirigencia del Comité Interinstitucional cruceño, dirigentes cívicos y legisladores de la opositora Creemos, afirmó que no permitirán “amedrentamientos” por parte del Gobierno.
“Agradecer por ese apoyo y esa convicción que tiene nuestro pueblo. Esas mujeres y esos jóvenes que nos enseñaron el camino de la dignidad y al defensa de la dignidad. Gracias por acompañarnos”, enfatizó Camacho.
El Gobernador expresó esas palabras durante una concentración en el Cristo Redentor. Participó de la denominada “marcha por la justicia” convocada el miércoles por el comité cruceño.
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Se llamó a esa movilización “en defensa al derecho a la protesta, por la liberación de los presos por apoyar al paro y la defensa de los líderes amenazados con procesos judiciales”. Hace referencia a los 36 días del paro indefinido que se ejecutó en Santa Cruz, en demanda del Censo para 2023 y una ley al respecto.
“El MAS persigue a los cruceños, nos está persiguiendo y está buscando cómo amedrentarnos (…) no tenemos miedo”, enfatizó.
Respecto al proceso penal que se abrió en su contra y en contra de otros líderes cruceños, Camacho aseguró que no declarará en La Paz.
“Si me quieren meter preso que vengan a mi pueblo, porque yo no voy a ir a entregarme al masismo, como ellos quieren”, aseveró.
La pasada semana, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, reveló sobre la admisión de procesos penales en contra de tres líderes cruceños. Son el gobernador Camacho, el líder cívico Rómulo Calvo, y el rector Vicente Cuéllar, por el paro cívico cruceño.
Sin embargo, luego, el fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca, explicó que son dos procesos. Uno de ellos se desarrollará en La Paz, donde se realizó la demanda. Y otro que se denunció en Chuquisaca, que pasará a jurisdicción de Santa Cruz.
Lanchipa también adelantó que son unos 10 delitos que se les imputan a los tres representantes del comité cruceño.
CAMACHO
El miércoles, el Comité Interinstitucional de Santa Cruz rechazó los procesos penales activados en contra de sus principales líderes. Ratificó el “estado de emergencia” ante cualquier acción del Gobierno.
Asimismo, se convocó a una marcha que se desarrolló este viernes en defensa de las personas que apoyaron el paro indefinido, que se levantó tras aprobarse la ley del Censo, a fines de noviembre.
En criterio del Gobierno, se deben asumir medidas legales contra los promotores del paro, pues durante ese periodo se vulneraron derechos humanos y se cometieron delitos, por lo que se debe “sentar un precedente”.
Ante ese escenario, el comité cruceño denunció una “persecución política”, pues el Gobierno “utilizando a la justicia como su brazo represor, está iniciando procesos penales contra líderes y miembros del Comité Interinstitucional”.
Durante el paro se reportaron cuatro muertos, más de 180 heridos, una violación grupal en un punto de bloqueo cívico, cobros en los puntos de bloqueo, quema de la sede de los campesinos y el saqueo de la Central Obrera Departamental (COD).
Asimismo, dueños de negocios denunciaron agresiones contra quienes que se resistían a paralizar sus labores.
Además, grupos violentos de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) atacaban a vecinos del Plan 3.000 que no acataron la medida.
De inicio, los movilizados demandaban el Censo para 2023, no obstante, del comité cruceño terminó aceptando la decisión del Gobierno de fijar, sobre la base de un estudio técnico, el empadronamiento para el 23 de marzo de 2024, como señala el decreto 4824.
