La polémica aprobación de la Ley de Aplicación de los Resultados del Censo, asumida como innecesaria pero útil, trajo de regreso el pacto como recurso para formar mayorías. Indignado, el expresidente Morales acusó: “Hemos vuelto a la democracia pactada de la época neoliberal”. Los llamados renovadores/ traidores negaron cualquier pacto político con la oposición, que a su vez festejó el resultado. Esta semana, otro “pacto” bloqueó el Presupuesto General del Estado.
Estos dos acuerdos tácitos en la ALP entre facciones del oficialismo y las fuerzas opositoras, ¿significan el retorno de la vieja democracia pactada? ¿O expresan, más bien, convergencias circunstanciales con arreglo a diferentes motivaciones e intereses? Es claro que se trata de lo segundo. Resulta un error político y de análisis, pues, equiparar tales episodios con un modelo asentado en coaliciones multipartidistas formales y de larga duración (1985-2003).
Durante una década (2009-2019), con mayoría especial en el Órgano Legislativo, el MAS-IPSP no tenía ninguna necesidad de pactar con la débil oposición. Previamente lo había hecho, al menos en tres temas sustantivos: la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente (2006), la convocatoria a revocatoria de mandato (2008) y el inconstitucional acuerdo (2008) para modificar en el Congreso más de 100 artículos del proyecto de Constitución aprobado en la Constituyente.
El gobierno de Evo, entonces, pactó mientras la oposición tenía poder de veto en el Senado y dejó de hacerlo cuando el MAS-IPSP se convirtió en fuerza predominante. Así decidió en solitario hasta el final, modificando incluso los reglamentos camarales. No estaba en juego la gobernabilidad (esa palabra larga y fea). Y los acuerdos políticos tenían mala fama tras su envilecimiento en las coaliciones promiscuas, de cuoteo y contranatura de la democracia pactada. Mayoría monocolor mata pacto.
¿Volvió la lógica del pacto en la Asamblea Legislativa? Lo dudo. Ni la facción arcista votando la ley del Censo ni la facción evista frenando la Ley Financial implican acuerdos políticos, menos programáticos, con la oposición. Son manifestaciones de la disputa interna en el oficialismo y de la crítica ausencia de un nuevo modelo decisional (Mayorga). El retorno de la democracia (im)pactada, si acaso, con gobiernos minoritarios, tendrá que esperar. Hoy es tiempo de polarización y desencuentro.
Más allá de curiosas mayorías accidentales, que pueden repetirse, las cuestiones de fondo son la unidad/quiebre del MASIPSP, la recomposición del sistema de representación política, el rumbo del campo nacional-popular, en fin, la democracia de la “gobernabilidad”. Debatamos.
FadoCracia prospectiva
1. Más allá de terminales marchas de autodefensa, podemos prever un adiós tranquilo al opaco 2022. Con prolongación de tregua hasta el Carnaval. 2. En 2023 será el año de la administración de (in)justicia: con crisis sin reforma, elecciones en disputa, posible/tardío referéndum constitucional. 3. Se habilitará también el periodo de revocatorias de mandato: un derecho con muralla y (solo) ruido. 4. Un inquieto primer semestre de 2024 será el preludio de un segundo semestre de alta intensidad. Los resultados del Censo traerán querella por la redistribución: de recursos, de escaños, de poder territorial. 5. Y se iniciará en forma el ciclo electoral con las difíciles-decisivas primarias para binomios presidenciales. ¿Vendrán con implosión? 6. En 2025, está dibujado, habrá recargada guerra sucia contra el padrón. Y también la reiterada falacia de “subrepresentación urbana”. 7. ¿Navegaremos como país la bruma espesa, la kamanchaka que lo invade todo? Navegaremos: con (in)estabilidad, cierto, pero sin horizonte de futuro en este agotador tiempo de las cosas pequeñas. Todo lo demás es provisional.
José Luis Exeni Rodríguez es politólogo.
