El Gobierno nacional delegó al municipio y a la gobernación de Santa Cruz la resolución del conflicto de avasallamiento en el parque Lomas de Arena, pues es un área que está dentro de la “mancha urbana”.
En ese marco, el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, afirmó que no tiene competencia para intervenir en este caso y pidió a los actores involucrados en este conflicto dejar de politizar esta problemática.
“Este es un hecho registrado en un área urbana, también se dijo que es un área ecológica, que no es de alcance nacional, es de administración subnacional (…), de los gobiernos autónomos municipales y de la gobernación”, detalló el funcionario.
Detalló que las alcaldías son las que administran el catastro urbano y que las licencias ambientales son entregadas por las gobernaciones departamentales.
Explicó que cuando se registran avasallamientos en manchas urbanas, los gobiernos municipales y la gobernación deben iniciar los procesos correspondientes ante la Fiscalía, para la respectiva investigación por la vía penal o civil.
En ese marco, pidió a los diferentes actores involucrados no politizar esta situación, sino más bien coadyuvar en la provisión de pruebas para sancionar a los responsables de los avasallamientos.
“Lamentablemente, políticamente y mediáticamente, se ha estado indicando que la responsabilidad sería del Gobierno nacional, pero reiteramos que eso es una mancha urbana y las autoridades competentes deben manifestarse”, enfatizó Núñez.
“Dejen de politizar el tema o acusar al Gobierno, pues estamos aclarando que esa es una competencia de los gobiernos subnacionales”, insistió, durante una entrevista en la televisora estatal.
La pasada semana se registró en Santa Cruz un nuevo enfrentamiento por toma de tierras, entre vecinos de la zona y avasalladores de un predio privado de la familia Kim, en inmediaciones del parque las Lomas de Arena.
Durante la gresca, se registraron al menos dos heridos de consideración. Luego del hecho violento, la Policía intervino en el lugar, pero continúa la tensión pues la amenaza de nuevos enfrentamientos está latente.
“Ratificamos que el avasallamiento no será permitido en el Estado Plurinacional de Bolivia, sea de cualquier naturaleza”, advirtió el viceministro de Medio Ambiente, Magín Herrera, en esa oportunidad.
Aseguró que la familia Kim tiene el respaldo y la protección del Estado frente a la acción delictiva de un grupo de personas que buscan hacerse de terrenos.
No obstante, este hecho tomó un trasfondo político, luego que representantes de instituciones cruceñas responsabilizaron al Gobierno de enviar a sus militantes para generar conflicto en la región.
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, afirmó que se trata de un acto de revancha, por la aprobación de la ley del Censo.
Aseguró que el Gobierno central envió “hordas” del MAS para avasallar tierras cruceñas.
“El MAS nos contraataca, avasallando nuestras tierras y áreas protegidas. El gobierno de Luis Arce no acepta que el pueblo boliviano haya vencido logrando un censo justo y oportuno”, escribió en sus redes sociales.
Además de este caso, la pasada semana también se dio a conocer otro caso similar en Guarayos y están pendientes de investigación otros hechos como el de Las Londras, donde también hubo enfrentamientos violentos.
Al respecto, Núñez ratificó que no se permitirán avasallamientos por parte de ningún grupo y que se actuará, “sin importar el color político”, en el marco de la Ley 477 Contra el Avasallamiento y el Tráfico de tierras.
En ese marco, explicó que la norma sanciona con 3 a 8 años de cárcel a los autores de esos delitos, además que también se les sanciona con no dotarles de tierras durante 10 años.
