Varios iraníes, condenados a muerte por su implicación en las protestas en la República Islámica, pueden ser ejecutados de forma inminente pese a la indignación internacional provocada por la primera ejecución hace unos días, advirtieron el domingo grupos de defensa de los derechos humanos.
Una ola de protestas sacude Irán desde la muerte el 16 de septiembre de Mahsa Amini, une kurda iraní de 22 años fallecida después de ser detenida por la policía de la moral por no llevar correctamente el velo.
Al menos 458 personas han muerto en la represión de las manifestaciones, según el último balance de la oenegé Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, y al menos 14.000 fueron detenidas, según la ONU.
El jueves, Mohsen Shekari, un hombre de 23 años declarado culpable de haber atacado y herido a un paramilitar, fue ejecutado, al cabo de un juicio que varios grupos de defensa de los derechos humanos tacharon de «farsa».
Otras diez personas fueron condenadas a la pena capital por su participación en las manifestaciones, que el poder califica de «disturbios», informó la autoridad judicial iraní.
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Según la oenegé Amnistía Internacional, Irán se «prepara para ejecutar» a Mahan Sadrat, de 22 años, tras un juicio rápido y «sumamente injusto» durante el cual fue declarado culpable de haber sacado un cuchillo en las manifestaciones, unas acusaciones que desmintió ante el tribunal.
– Reacción «más fuerte» –
Condenado a muerte el 3 de noviembre, fue trasladado el sábado a la cárcel de Rajai Shahr de Karaj, cerca de Teherán, «lo que hace temer una ejecución inminente», alertó la oenegé, con sede en Reino Unido.
Según IHR, esta condena fue confirmada por el Tribunal Supremo, lo que hace que pueda llevarse a cabo. «Como los otros condenados a muerte, se le rechazó cualquier acceso a su abogado» durante todo el proceso.
Amnistía Internacional también advirtió que la vida de otro hombre joven, Sahand Nurmohammadzadeh, estaba en peligro tras su condena a muerte el 6 de noviembre por haber «derribado barandillas de autopista y quemado basuras y neumáticos».
Amnistía y IHR también mencionaron el caso de Hamid Gharehasanlu, un médico condenado a muerte, que, según ellos, fue torturado durante su detención y cuya esposa fue obligada a testificar contra él.
Para el director de IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, la respuesta internacional tienen que ser «más fuerte que nunca» para impedir estas ejecuciones.
Varios países occidentales, así como la Unión Europea y la ONU, condenaron la ejecución de Mohsen Shekari. Canadá y Reino Unido impusieron sanciones a altos funcionarios iraníes.
Pero los activistas de derechos humanos y las oenegés quieren que los gobiernos adopten una respuesta más fuerte, que vaya incluso hasta romper las relaciones diplomáticas con Irán o la expulsión de los enviados especiales iraníes en los países occidentales.
Irán es el país que más condenas a muerte lleva a cabo, sólo por detrás de China, según Amnistía Internacional. Más de 500 personas fueron ejecutadas en 2022, según IHR.
A principios de diciembre, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional indicó que «más de 200 personas», incluyendo civiles y fuerzas de seguridad, habían muerto en Irán desde el 16 de septiembre. Un general de los Guardianes de la Revolución dio cuenta de más de 300 fallecidos.
