Irán ejecutó públicamente el lunes a un segundo condenado por su participación en las protestas que sacuden el país desde septiembre. Y, a pesar de la indignación internacional por aplicar la pena de muerte a los implicados en las manifestaciones, se cumplió con la pena
Majidreza Rahnavard fue condenado a muerte por un tribunal de la ciudad de Mashhad (noreste) por matar a dos miembros de las fuerzas de seguridad.
Fue ahorcado en público y no dentro de la prisión, informó Mizan Online, la agencia de información de la judicatura.
Se trata de la segunda ejecución relacionada con las protestas, tras el ahorcamiento el jueves de Mohsen Shekari, un joven de 23 años condenado por atacar y herir a un paramilitar.
Mizan Online también publicó imágenes de la ejecución de Rahnavard, en las que se ve a un hombre con las manos atadas a la espalda colgando de una cuerda atada a una grúa.
«La ejecución pública de un joven manifestante es otro grave crimen cometido por los gobernantes de la República Islámica». Así declaró a la AFP Mahmood Amiry-Moghaddam, director de la oenegé Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega.
«Majidreza Rahnavard fue condenado a muerte sobre la base de una confesión coaccionada, tras un juicio manifiestamente injusto y un juicio espectáculo», añadió.
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La primera en público
La ejecución del lunes es la primera en público en el contexto de las protestas desencadenadas por la muerte el 16 de septiembre de Mahsa Amini. Ella era una joven kurda iraní de 22 años que murió tras ser detenida por la policía de la moral. Su detención se dio por infringir el estricto código de vestimenta que deben respetar las mujeres del país.
Desde su creación en 1979, la República Islámica de Irán se ha visto sacudida por varias olas de protesta. Sin embargo, esta crisis no tiene precedentes por su duración. Y es que, por el hecho de que ocurre en varias provincias, implica diferentes grupos étnicos y clases sociales e incluye los llamamientos directos al fin del régimen.
El poder judicial iraní dijo haber dictado hasta ahora once condenas a muerte en relación con las protestas, calificadas por las autoridades de «disturbios».
Pero los activistas afirman que otra docena de personas se enfrentan a cargos que conllevan la pena capital.
