El Instituto Nacional de Reforma Agraria hizo notar que el problema de avasallamientos es de tuición local. El Gobierno departamental acusa de inacción a las alcaldías involucradas.
La Sociedad de Ingenieros intentó sin éxito hacer un balance de daños medioambientales.
La Gobernación de Santa Cruz exigió a las autoridades nacionales y municipales trabajar de acuerdo con sus competencias.
Además de desalojar a las personas asentadas de forma ilegal en la zona de las Lomas de Arena, en el denominado predio de la familia Kim.
Jhonny Rojas, secretario de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Gobernación, lideró el recorrido por cuarta vez por la zona de los acuíferos que se encuentran tomados.
Una brigada de bomberos forestales y de los directores de Calidad Ambiental, Conservación del Patrimonio Natural y con el de Turismo y Cultura lo acompañaron.
Rojas reportó que las personas continúan asentadas en la zona de los acuíferos.
También que los trabajos continúan a pesar de existir una Pausa Ambiental Administrativa en el predio.
“Hemos venido por cuarta vez a los predios de la familia Kim, esta vez el fiscal de distrito, el doctor (Róger) Mariaca se hizo presente para hacer una inspección y no pudo andar más de 50 metros en la zona, debido a los avasalladores y al ver la situación, se ha comprometido a actuar de oficio y a desalojar junto con la Policía a todas estas personas: pedimos a las autoridades nacionales y municipales trabajar de acuerdo a sus competencias. Nosotros, como autoridad ambiental departamental competente, hemos realizado todo los actuados necesarios que nos competen de acuerdo a Ley”, subrayó Rojas.
El director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, declaró el domingo pasado que el caso Kim, debía ser resuelto por el gobernador Luis Fernando Camacho y por el alcalde Johnny Fernández.
“Porque los predios afectados pertenecen a la mancha urbana”, argumentó.
Lea más: Gobierno pide no politizar los avasallamientos
Según Rojas, se han enviado notificaciones a las alcaldías de Santa Cruz de la Sierra y de La Guardia por los daños medioambientales que están sufriendo en la jurisdicción de estos dos municipios, que atentan contra los acuíferos que hay en la zona.
Por su parte, el secretario de Medioambiente y Seguridad Ciudadana, Víctor Lino, aseguró que se han identificado a 11 personas para iniciar acciones.
“Más bien pedimos a la Gobernación que dicte de una vez las acciones contundentes que se tienen que dar para la remediación de este lugar”, recomendó.
Un grupo de especialistas de la Sociedad de Ingenieros de Santa Cruz intentó hacer ayer un diagnóstico de los daños medioambientales.
Sin embargo, fueron amedrentados por los avasalladores que tomaron el predio.
Ministro promete mano dura contra ‘tomas ilegales’
“Vamos a sostener reuniones con todas las partes involucradas y a partir de mañana, vamos a realizar los operativos correspondientes», adelantó.
También dijo que si existen campesinos, indígenas, empresarios, menonitas, o jueces involucrados en eso hechos «vamos a actuar con todo el peso de la ley”.
Según el ministro, su cartera actuará en todos los casos de avasallamientos que existen en el país.
“Ya no vamos a seguir delegando funciones a terceras o cuartas personas» enfatizó.
«Ahora lo va realizar el Ministerio de Gobierno de manera conjunta con la Policía Boliviana”, añadió Del Castillo.
Según un informe del Instituto Nacional de Reforma el 90 por ciento de las tierras rurales en Bolivia tienen seguridad jurídica.
Sin embargo, existen 208 denuncias de avasallamientos en todo el país actualmente.
Eulogio Núñez, director del INRA, anunció que se prepara el desalojo de 17 predios con ayuda de la Policía.
