Con la promulgación de la Ley 065 de Pensiones, de 10 de diciembre de 2010, y la puesta en vigencia del Sistema Integral de Pensiones (SIP), la Seguridad Social de Largo Plazo en Bolivia tuvo un giro trascendental, debido a que se reformó el Sistema de Pensiones, en cumplimiento a la Constitución Política del Estado y a requerimiento de distintos sectores laborales del país, que fueron afectados por la aplicación de la extinta Ley 1732 (1997-2010), que incrementó la edad de acceso a una jubilación (a 65 años) y estableció que el pago de las pensiones de vejez sean financiadas exclusivamente por el ahorro del trabajador.
Las principales reformas que la Ley 065 introdujo al sistema de pensiones fueron la reducción en la edad para el acceso a una jubilación a 58 años y se incorporó como política de género, el reconocimiento al proceso de gestación de cada mujer, reduciendo su edad de jubilación en un año por cada hijo nacido vivo, hasta un máximo de tres, pudiendo jubilarse a los 55 años de edad o con la posibilidad de incrementar la cantidad de sus aportes.
Asimismo, se creó un Fondo Solidario (con contribuciones de los trabajadores y el empleador) con el objetivo de financiar la Fracción Solidaria como componente principal de la Pensión Solidaria de Vejez, beneficio que mejoró el monto de pensión de los trabajadores que tienen poco capital acumulado, resultado de sus aportes y los rendimientos generados. Cabe señalar que del total de los jubilados, el 69% son beneficiados con la Pensión Solidaria de Vejez (139.000 asegurados).
Gracias a la flexibilización de la edad de acceso a la jubilación y la creación de la Pensión Solidaria de Vejez, las personas jubiladas con la actual Ley de Pensiones alcanzan a más de 202.000 a septiembre de 2022; y considerando que entre 1997 y 2010 (13 años de vigencia de la Ley 1732) los trabajadores que accedieron a una pensión de vejez no superaban los 30.000 jubilados, se tiene un crecimiento de 172.000 personas que accedieron a una pensión de jubilación en menos de 12 años.
Por su parte, los fondos que componen el sistema de pensiones se incrementaron en más de cuatro veces en estos 12 años, de $us 5.468 millones en diciembre de 2010 a $us 23.819 millones a octubre de la presente gestión (336% de crecimiento), denotando que con la implementación del SIP se incrementaron los recursos para el pago de las pensiones, garantizando de esta manera su sostenibilidad.
Sobre este último punto relacionado con los fondos del SIP, la Ley 065 establece de manera clara y precisa que son patrimonios autónomos y diversos del patrimonio de la entidad que los administra, por lo que son manejados de forma separada. Esta característica permite que los recursos de los trabajadores no sean dispuestos arbitrariamente por el administrador (en la actualidad las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP) e inclusive evita que ante cualquier cambio de gobierno se los use discrecionalmente.
De forma complementaria, la mencionada norma precisa que dichos fondos son indivisos, imprescriptibles e inafectables por gravámenes o medidas precautorias de cualquier especie y deben ser utilizados conforme se determina en la Ley de Pensiones, por lo que tienen que ser invertidos en el Mercado de Valores para poder generar rendimientos y efectuar el pago de las pensiones y beneficios establecidos en el SIP.
Al respecto, la Ley 065 incorporó distintos mecanismos de control, resguardo y protección a los aportes de los trabajadores (como los señalados con anterioridad), los cuales permiten brindar tranquilidad y seguridad a todos los asegurados al SIP, por lo que cuando la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo inicie actividades de forma plena en la gestión 2023, tendrá el mismo contexto normativo, debiendo ser cumplidas a cabalidad.
En resumen, la Ley 065 de Pensiones fue un hito en la Seguridad Social de Largo Plazo en Bolivia, debido a que incorpora un pilar solidario que permite a más trabajadores acceder a la jubilación; demuestra ser sostenible en el tiempo gracias al crecimiento significativo de sus fondos y otorga seguridad a los trabajadores, ya que los aportes destinados para su vejez se encuentran resguardados.
Iván Quisbert Soria es auditor.
