La producción de soya, maíz, sorgo, girasol, trigo y chía alcanzó los 4.523.978 toneladas durante la gestión 2022 como resultado de las campañas agrícolas de verano 2021-2022 e invierno 2022. Esta cifra representa una disminución del 5 % con relación a 2021.
La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) presentó ayer la evaluación de la producción de granos que, según esta institución, cayó por segundo año consecutivo, un 5 % con relación a la gestión 2021 y un 11 % en comparación con lo alcanzado el año 2020.
De acuerdo con datos de Anapo, en 2021 los consolidados de la campaña de verano e invierno alcanzaron las 4.784.317 toneladas, frente a las 4.523.978 toneladas en 2022, representando una reducción del 5 %.
Los datos de Anapo también reflejan que en la gestión 2022 se sembró 2.422.470 hectáreas, frente a las 2.315.300 hectáreas de 2021 de los granos de soya, maíz, sorgo, girasol, trigo y chía, que representa un incremento del 5 %.
El presidente de Anapo, Fidel Flores, aclaró que la disminución se debe a que en la campaña de verano 2021-2022 la producción fue afectada por la sequía, que mermó los rendimientos de la soya, seguida de una situación similar durante el invierno, cuando la sequía prolongada y fríos intensos ocasionaron pérdidas considerables de productividad en el trigo, el sorgo, el maíz, el girasol y la chía.
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Explicó que la producción total de esos granos en 2022 representó un movimiento económico de al menos $us 1.800 millones, distribuidos en toda la cadena productiva de alimentos e implican un incremento de 12 % con relación a 2021.
Ante estos indicadores a la baja, Flores incidió en que los agricultores no han aumentado la superficie de siembra en los últimos años, con 1.240.000 hectáreas sembradas en la campaña de verano, lo cual representa un crecimiento de sólo el 3 % con relación al ciclo anterior. Mientras que en la campaña de invierno se da la siembra de otras 1.180.000 hectáreas, principalmente de trigo, girasol, maíz, sorgo, chía y soya.
Flores lamentó que no se pudo concretar el pacto productivo por la soberanía alimentaria, propuesto al Gobierno en reiteradas oportunidades, con el único objetivo de establecer una agenda público- privada que genere condiciones adecuadas para garantizar la producción de alimentos.
Las principales demandas del sector son el acceso al uso de semillas genéticamente modificadas para los cultivos de soya, maíz y trigo; la seguridad jurídica para las tierras productivas, la lucha frontal contra el contrabando de productos agropecuarios y la certidumbre de acceso a mercados externos, entre otras relevantes.
