La defensa jurídica de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez afirmó que el caso denominado “masacre de Sacaba y Senkata”, está en la Asamblea Legislativa para el trámite de juicio de responsabilidades.
El abogado Luis Guillén indicó que serán los diputados y senadores, por dos tercios de voto, quienes definirán si se aprueba o rechaza la solicitud. En caso se ser improcedente, recién el caso sería encaminado por la vía ordinaria.
“El juicio de responsabilidades, al encontrarse en la Asamblea Legislativa, tiene que ser rechazado o aprobado en esta entidad (…). El procedimiento ya se encuentra con requerimiento acusatorio, vale decir de que ya se han realizado diferentes actuaciones que corresponden a un juicio de responsabilidades”, explicó el jurista.
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Guillén recordó que, incluso, la exmandataria ya presentó su declaración al respecto. Explicó que personal de la Fiscalía General ya fue al penal de Miraflores, donde está desde 2021, para que comparezca sobre este caso.
El abogado se refirió a este proceso luego que el Gobierno solicitó que la expresidenta Áñez sea juzgada por la vía ordinaria y no por juicio de responsabilidades.
Asimismo, presentó una solicitud a la Fiscalía de La Paz, para ampliar la denuncia en contra de todos los miembros de su gabinete y así sean incluidos en este caso.
Áñez asumió la Presidencia el 12 de noviembre de 2019, en medio de una crisis política, tras la renuncia de Evo Morales, luego de denuncias de fraude en las elecciones de ese año.
Tres días después, su gabinete aprobó el Decreto Supremo 4078 que eximió de “responsabilidad penal” a policías y militares por sus operaciones en Senkata, El Alto, y en Sacaba, Cochabamba.
En medio de enfrentamientos y acciones de represión, al menos 37 personas murieron en ambos lugares.
En ese marco, la exmandataria fue denunciada por los delitos penales genocidio, lesiones leves, lesiones graves. Ante ese proceso, la exmandataria activó mecanismos legales para ser procesada por juicio de responsabilidades.
Guillén insistió que el caso está en manos del Legislativo y es ahí donde “se debe aprobar o rechazar”.
“Esto se encuentra en el Legislativo y no puede ser retirado, de buenas a primeras, por el Fiscal General. Al encontrarse ahí, debe seguir su procedimiento”, insistió el jurista.
