La interpelación al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, por el caso carros robados, fue reprogramada por tercera vez. Ante este nuevo escenario, la autoridad recién comparecerá en marzo de 2023.
El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Marcelo Pedraza, informó sobre esa determinación y lamentó que se siga dilatando este trámite, para que Del Castillo informe por esos hechos.
“No le toma importancia a la Asamblea (…). El ministro tiene que empezar a dejar su pubertad y estar ejerciendo verdaderamente el cargo y responder por los actos de los autos chutos o robados que hacía la policía desde Chile”, cuestionó el opositor.
Pedraza mostró una carta, del 13 de diciembre, dirigida David Choquehuanca en su calidad de presidente de la Asamblea Legislativa, en la que Del Castillo “comunica y expone su imposibilidad” de asistir a la interpelación, que estaba prevista para este martes a las 14.00.
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En ese marco, Pedraza denunció que Choquehuanca “protege” al ministro de Gobierno, por lo que anunció que solicitará que se amplíe la comparecencia en contra de esa autoridad del Estado.
“Las tres suspensiones se han dado con mucho tiempo de anticipación, en esta última oportunidad, se reprogramó para marzo de 2023, sin embargo, cuando llegue esa fecha, seguro, ocurrirá lo mismo de hoy”, lamento el diputado de CC.
En primera instancia, el ministro de Gobierno fue convocado para el 7 de julio; sin embargo, solicitó que se posponga hasta el 5 de octubre.
En esa oportunidad, Del Castillo también se excusó y se reprogramó su comparecencia hasta diciembre.
Ahora, se presentó una tercera solicitud para que la interpelación se realice recién el próximo año.
El ministro debe responder 14 preguntas referidas al tráfico de autos robados en Chile y que ingresaron territorio nacional, además que debe informar sobre la política de control fronterizo que depende esa cartera del Estado.
En junio, un reportaje emitido desde Chile destapó una red de venta de vehículos robados en Bolivia, en la que fueron involucrados a miembros de la Policía.
Esa situación derivó en varias destituciones, como la del entonces comandante de la Policía Fronteriza de Uyuni, Raúl Cabezas.
En otro caso, también se implicó al capitán Javier Alberti, quien ahora está recluido preventivamente en el penal de San Pedro de La Paz por supuestamente ofrecer vehículos robados en redes sociales.
