De acuerdo con el concepto de impunidad, se puede explicar, la misma, como la condición en la que se permitió cometer delitos sin que los responsables paguen por las consecuencias de sus actos.
El paro cívico de 36 días en Santa Cruz ha tenido duras consecuencias, como manifestó el economista Chávez, la economía crecería hasta fin de año un 5,1%, pero esto se vería afectado por este paro. Además, durante esta medida cuatro personas perdieron la vida, hubo una violación grupal, agresiones físicas, verbales, actos de discriminación, racismo y destrozo de bienes del Estado, y cobros de peajes en las rotondas a las personas que querían trabajar. Todo esto a la vista y paciencia de Luis Fernando Camacho, Rómulo Calvo y Vicente Cuéllar, quienes con preguntas muy bien manipuladas, pidieron Censo en 2023 y hasta amenazaron con muerte civil a quien fuera en contra.
Ahora, después de todos estos hechos se victimizan y dicen ser perseguidos judicialmente, argumentando que el derecho a la protesta pacífica está garantizado en la Constitución Política. Pero hay que recordar que cuando otro sector marcha o protesta, Rómulo Calvo los trata como “bestias humanas”.
En estos últimos días, el rector Cuéllar ha vuelto a hacer noticia tratando de generar otro conflicto, declarando en conferencia de prensa que la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno (UAGRM) está en crisis, y no tiene recursos para pagar sueldos y salarios y otras obligaciones, y que la situación que atraviesa es insostenible.
De acuerdo con los datos oficiales, para la gestión 2022 se programaron Bs 3.614 millones para todas las universidades del sistema público, de los cuales Bs 530 millones habría ya recibido la UAGRM, y tendría en caja y banco Bs 108 millones, vale decir, dinero que puede utilizar. El punto es que los recursos por coparticipación tributaria son destinados a gastos de funcionamiento, o sea sueldos y salarios, mientras que los recursos por IDH son para gastos de inversión e investigación en las universidades. Es cuestionable que los recursos destinados al funcionamiento se hayan terminado antes que la gestión programada, lo que nos puede llevar a un mal pensamiento o suposición, ¿éstos podrían haber sido destinados a otros fines?, lo que explicaría cómo se puede mantener a personas bloqueando durante 36 días, con parrilladas, whiskies y fiestas en las rotondas, y personas encargadas de controlar los puntos de bloqueo.
Es paradójico que el bloqueador que impidió que se generen recursos, ahora esté pidiendo y reclamando recursos para la UAGRM; además, que vaya a recibir un premio por el perjuicio que causó a todos los bolivianos. Pero a pesar de todo esto, el presupuesto para las universidades para la gestión 2023 está garantizado, con una programación de Bs 3.679 millones y un incremento del 3,9%, más que esta gestión. Presupuesto aprobado en el Legislativo tras rupturas políticas, que tiene importancia para las instituciones públicas y gobiernos regionales, que elaboran sus presupuestos desde abril.
Jesus j. Luque es licenciado en Economía.
