La Cámara de Diputados de Brasil aprobó este miércoles una enmienda constitucional que habilita al próximo gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva a mantener y ampliar ayudas sociales, aunque los recursos quedaron limitados al primer año de gestión.
El texto fue aprobado con 331 votos a favor y 163 en contra, en la segunda votación en la Cámara Baja. El Senado, que había aprobado la enmienda hace dos semanas, deberá analizar el proyecto nuevamente luego de cambios en algunos artículos, para el visto bueno definitivo.
La iniciativa permite al futuro gobierno del líder izquierdista usar 145.000 millones de reales ($us 28.000 millones) fuera del techo de gastos establecido por ley, para financiar programas sociales en 2023.
Los recursos permitirán a la nueva administración mantener una asistencia de 600 reales ($us 115) a familias vulnerables, una suma entregada desde agosto por el gobierno del mandatario saliente Jair Bolsonaro, pero prevista hasta finales de este año.
Los beneficiarios con hijos menores de seis años recibirán además 150 reales (alrededor de USD 29), según la promesa electoral de Lula, quien devolverá al programa el nombre «Bolsa Familia», como era originalmente durante su gobierno y el de Dilma Rousseff, antes de que Bolsonaro lo rebautizara como «Auxilio Brasil».
«Esta enmienda constitucional es de urgencia para el país (…) después de toda la devastación que el gobierno de Bolsonaro provocó en Brasil con su agenda de austeridad», afirmó en el plenario la diputada Fernanda Melchionna, del izquierdista PSOL.
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El aumento de gasto público generará una «cuenta» que pagarán los brasileños pobres «con inflación y corrosión del poder de compra», refutó Adriana Ventura, diputada del derechista Novo.
La enmienda también daría espacio al gobierno de Lula, que asume el poder el 1 de enero, para financiar programas como Farmacia Popular y un aumento del salario mínimo por encima de la inflación, de acuerdo con sus promesas de campaña.
Con estas medidas, el próximo gobierno buscará paliar el hambre, que afecta a 33,1 millones de los 215 millones de brasileños, según la Red Brasileña de Investigación en Soberanía y Seguridad Alimentaria (Penssan).
El presidente electo impulsó la aprobación de la enmienda constitucional en el Congreso, aunque igualmente habría podido financiar las ayudas -en caso de rechazo de los legisladores-, gracias a que la corte suprema dispuso que los programas sociales podían ser financiados con «créditos extraordinarios».
El proyecto final es una victoria limitada para Lula: el gobierno de transición inicialmente pedía hasta 198.000 millones de reales anuales fuera del techo de gasto, durante los cuatro años de su gobierno.
Pero, además del monto, el Senado primero recortó a la mitad el plazo, que fue nuevamente reducido a un año.
