El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) habilitó a su personal para validar los libros que deberán llenar con firmas el grupo de abogados “independientes”, que busca promover una reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE).
La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Dina Chuquimia informó a La Razón que la sala plena asumió esa determinación ante la eventualidad de que los juristas no puedan pagar los honorarios de notarios de fe pública, que deben dar legalidad a esos libros de adherentes.
Los abogados “han expresado su preocupación por el costo del servicio de los notarios, para que hagan la apertura y el cierre de esos libros (…), ante esa situación, la sala plena ha decidido que esos libros también sean firmados y sellados por los secretarios de cámara, tanto del Tribunal Supremo, como de los Tribunales Electorales Departamentales, sin costo alguno”, explicó Chuquimia.
De esa manera, el TSE busca dar viabilidad al proceso que impulsan los juristas independientes, a fin de que cumplan los requisitos que señala la norma para ese tipo de solicitudes.
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En julio, un grupo de 16 abogados denominados “independientes” presentó al Órgano Electoral una propuesta de reforma judicial, mediante referéndum constitucional.
Asimismo, se presentó se presentó un proyecto de reforma parcial de la Constitución y los fundamentos jurídicos.
La reforma se enmarca en la modalidad de iniciativa popular, es decir, que requiere de las firmas del 20% del padrón electoral nacional para que el referéndum pueda concretarse.
Ante esta situación, el TSE analiza esa solicitud y, en primera instancia, ya considera que los promotores de esta iniciativa puedan comenzar a llenar los libros de adherentes, “ante el eventual referéndum por iniciativa popular”.
“Los notarios de fe pública tienen un tarifario, el servicio no es gratuito, sin embargo, el trabajo que se realizará desde el Órgano Electoral no tendrá ningún costo”, insistió la vocal del TSE.
Chuquimia detalló que según los cálculos de los abogados independientes, deben mandar a imprimir cerca de 17.000 libros para registrar, al menos, a un millón y medio de adherentes.
“Si tienen recursos, puede recurrir a notarios de fe pública, pero también se abre la posibilidad de que nuestros secretarios de cámara de todo el país puedan realizar ese trabajo de forma gratuita”, insistió Chuquimia.
“Ahora, los juristas están en la impresión de los libros y cuando nos comuniquen que esa labor fue terminada, vamos a proceder al acto de apertura de libros y desde entonces correrán los 90 días para que se desplieguen en todo el país, y puedan registrar los datos de la ciudadanía”, agregó la vocal.
