Una delegación de la CIDH visitó este jueves en prisión al expresidente peruano, Pedro Castillo para verificar las condiciones de su reclusión en una base policial al este de Lima, informó la Defensoría del Pueblo.
«Acompañamos a equipo técnico de la CIDH en visita al penal de Barbadillo donde está recluido expresidente Pedro Castillo», indicó la Defensoría en Twitter.
«Nos entrevistamos con el exmandatario y su defensa técnica y verificamos que condiciones de reclusión se ajustan a las previstas en Código de Ejecución Penal», agregó.
Según el Instituto Nacional Penitenciario, la reunión se realizó en privado en horas de la mañana en la prisión de Barbadillo, ubicada al interior de una base policial al este de Lima, donde el exgobernante cumple 18 meses de prisión preventiva acusado de rebelión.
Castillo es investigado por el delito de rebelión y conspiración, tras un fallido autogolpe de estado el 7 de diciembre.
La delegación de la CIDH está en Perú en el marco de visita de trabajo que investiga las violentas protestas que dejaron al menos 22 muertos desde la caída de Castillo.
En la cuenta de Twitter de Castillo, su abogado, Wilfredo Robles, había escrito que «solicitó una reunión» entre su defendido y la misión CIDH que desde el lunes se encuentra en el país.
En la publicación se difundió también un mensaje de Castillo, quien aseguró estar «privado arbitrariamente» de sus derechos.
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Lilia Paredes, esposa del expresidente y asilada en México desde el miércoles, pidió en Twitter «especial atención» a la salud de su esposo.
– Que haya justicia –
Los familiares de Castillo fueron recibidos la tarde del jueves por la delegación de la CIDH en un hotel de Lima.
«Se está cometiendo una injusticia. Que haya justicia y que sea muy transparente para todos», dijo luego de salir de la reunión Vilma Vásquez, sobrina del expresidente.
La misión de la CIDH se reunió también con autoridades de Ayacucho (sur), donde fallecieron al menos 10 personas en enfrentamientos con militares. Otro grupo visitó Lima y Cusco (sureste).
En su visita a Perú, conversaron también con «organizaciones, movimientos sociales y personas líderes de pueblos indígenas para recibir información sobre las protestas y el contexto de la crisis institucional», dijo en redes sociales la CIDH, órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Según la Defensoría del Pueblo, al menos 22 personas han fallecido y más de 600 resultaron heridas en enfrentamientos entre partidarios del izquierdista Castillo y las fuerzas de seguridad.
En un comunicado este jueves, Human Rights Watch pidió a las autoridades de Perú «realizar investigaciones inmediatas, exhaustivas e independientes» sobre el «asesinato» de manifestantes.
El 7 de diciembre, Castillo intentó cerrar el Congreso, intervenir los poderes públicos y gobernar por decreto, pero no tuvo respaldo institucional y fue detenido bajo cargos de rebelión. Asumió el gobierno su vicepresidenta, Dina Boluarte.
La policía detuvo al exmandatario horas después de su destitución cuando intentaba llegar a la embajada de México para solicitar asilo.
Los manifestantes pedían la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones. En un intento de mitigar la crisis, el Parlamento aprobó el martes avanzar los comicios generales de 2026 a abril de 2024.
