La asociación de viudas, huérfanos, heridos, torturados, víctimas de la masacre de Senkata de La Paz se solidarizaron con víctimas de la reciente crisis en Perú para pedirles que no se rindan, que resistan, persistan, insistan y nunca desistan por sus demandas.
“Como víctimas bolivianas, nos solidarizamos con todas las familias víctimas a quienes les asesinaron a un ser amado, (reciban nuestros pésame y nuestras condolencias), nos solidarizamos con todas las familias víctimas a quienes hirieron con armas de fuego, nos solidarizamos con todas las familias quienes fueron torturados por agentes estatales, nos solidarizamos con todas las familias víctimas de la hermana república del Perú, en especial con las provincias que fueron objeto de masacres y graves violaciones a sus derechos humanos”, señala parte del pronunciamiento del directorio.
“Les enviamos nuestro aliento de fortaleza y coraje, les pedimos que resistan, insistan, persistan y nunca desistan en lograr justicia”.
Asimismo, en el pronunciamiento acusan a la Iglesia Católica de ser cómplice de estos hechos y de intentar sanar con una oración los actos violentos ocurridos tanto en Senkata, en 2019, como actualmente en Perú. También reprocharon el accionar de medios de comunicación ante la falta de cobertura en las protestas y represiones por parte de agentes policiales y militares.
“Acusan al presidente Castillo de golpista, pero el maestro rural no ordenó que se vulneren los derechos humanos, no ordenó matar, herir a bala, detener injustamente o torturar, los verdaderos golpistas necesitan justificarse, por lo tanto utilizarán algunos medios de comunicación o algunos periodistas, quienes justificarán los delitos cometidos, estos profesionales se prostituyeron por el dinero”.
En esa línea, compararon la violencia durante el gobierno de la peruana Dina Boluarte, que reemplazó a Pedro Castillo, con los hechos luctuosos de 2019 en Bolivia en el mandato de transición de Jeanine Áñez, cuando se promulgó un decreto que protegió a los militares durante los operativos para el restablecimiento del orden, tras la renuncia del expresidente Evo Morales.
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El 15 de diciembre de 2019, en Sacaba (Cochabamba), uno de los operativos dejó 10 fallecidos por impactos de bala. Cuatro días después, sucedió lo mismo en Senkata (El Alto), con otros 10 decesos.
“El gobierno violador de los derechos humanos de Dina Boluarte y sus ministros utilizaron la Constitución Política y las leyes peruanas para matar, herir a bala, detener injustamente o torturar, estos actos satánicos tienen la bendición de la Jerarquía Católica”.
El 7 de diciembre, el entonces presidente Castillo, de 53 años, emitió un mensaje mediante la televisión para anunciar la disolución del Congreso, la conformación de un gobierno de emergencia, un toque de queda nocturno y un gobierno por decreto.
El anuncio se produjo horas antes de que el parlamento debatiera su juicio político, el tercer intento de acusarlo desde que Castillo, un profesor rural de izquierda, inesperadamente arrebatara el poder a la tradicional élite política en julio de 2021 tras ganar los comicios.
Castillo fue detenido por rebelión y transferido a instalaciones de la Policía en Lima. Boluarte, abogada de 60 años, juró el cargo en las dos horas siguientes a la votación del juicio político, convirtiéndose en la primera presidenta de Perú.
Posterior a ello, cientos de manifestantes, a favor del destituido expresidente, tomaron diferentes calles de Lima y la convocatoria se extendió hasta las provincias.
Producto de ello, según el último reporte del Ministerio de Salud, hasta ahora hay 25 decesos en todo el Perú: Ayacucho (9), Apurímac (6), Cusco (3), Junín (3), La Libertad (3) y Arequipa (1) y decenas de heridos.
