El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, afirmó que durante la aprehensión del gobernador Luis Fernando Camacho se respetaron sus derechos, además que no sufrió lesiones y que a su arribo a La Paz se verificó que su salud es estable.
“Tras la aprehensión de Luis Fernando Camacho, hemos instruido que se le realice la valoración médica correspondiente, respetando los derechos constitucionales y derechos humanos como lo hacemos con cualquier persona privada de libertad”, escribió Del Castillo en su cuenta de Twitter.
A través de la misma red social, el ministro descartó que durante el operativo ejecutado luego del mediodía de este miércoles, se haya actuado con violencia, en contra de la integridad del gobernador cruceño.
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“Desmentimos toda información sobre supuestas lesiones que se habrían causado al señor Camacho, e informamos que su salud es estable”, detalló en otro mensaje la autoridad.
Según denunció Graciela Ortiz, la asistente del Gobernador cruceño, durante el operativo sujetos armados y vestidos de negro, pusieron contra el piso a Camacho y lo enmanillaron.
Asimismo, el abogado de la autoridad departamental, Martín Camacho, denunció que durante la aprehensión, los uniformados encañonaron al Gobernador y a todos sus acompañantes.
“Le rompieron el vidrio de su vehículo y varios funcionarios policiales lo redujeron. Lo secuestraron”, denunció el jurista.
Horas después, la Fiscalía General del Estado, a través de un comunicado, afirmó que la aprehensión del gobernador Luis Fernando Camacho responde a una orden oficial, y así descartó un “secuestro” o una “persecución política”.
Camacho fue aprehendido este miércoles, luego del mediodía en Santa Cruz, por orden de la Fiscalía Departamental de La Paz, en el marco del caso denominado Golpe de Estado I.
Tras el operativo, fue trasladado en helicóptero hasta La Paz, para prestar sus declaraciones ante la Fiscalía.
En 2020, la exdiputada Lidia Patty (MAS) presentó la denuncia por sedición, terrorismo y conspiración contra los que considera que fueron promotores de la crisis política y social en 2019, en la que la expresidenta Jeanine Áñez es la principal acusada.
Junto a ella están procesados tres exministros, además de Camacho y su padre, José Luis Camacho Parada. En la querella también se incluyó a exjefes militares y policiales.
