El viceministro de Defensa del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, y el alcalde de La Paz, Iván Arias; anunciaron, por separado, que sus equipos jurídicos realizan observaciones a la ampliación de la Ley 247.
“Un equipo jurídico realiza observaciones a la norma sancionada por el Senado para evitar que se beneficien traficantes de tierras”, señaló el viceministro Silva.
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Por su parte, el alcalde Arias le pidió al presidente, Luis Arce, que espere y aún no promulgue la ampliación de la Ley 247, porque le hará llegar algunas observaciones.
“Mi equipo técnico está ya siendo contactado con los equipos técnicos de Cochabamba, Santa Cruz y El Alto y espero que el Gobierno escuche nuestras observaciones y se puedan cambiar algunas partes (de la norma)”, señaló.
Ampliación
El proyecto de Ley 302/2021-2022, aprobado en el Senado, amplía hasta 2025 la vigencia de la Ley 247 de Regularización del derecho propietario sobre bienes inmuebles urbanos destinados a vivienda.
La Ley 247 fue promulgada el 2012 y modificada el 18 de septiembre de 2019.
Fue ampliada por tres años la posibilidad para que las alcaldías y las familias propietarias de viviendas, homologuen su documentación.
Esta norma permite legalizar posesiones de terrenos urbanos que no cuenten con títulos de propiedad.
Se accede a la legalización mediante una declaración jurada de posesión del predio que debe estar dentro del radio urbano del municipio.
Esa posesión se puede certificar con dos testigos de lotes colindantes y no puede haber un proceso legal vigente sobre estos terrenos.
La ampliación de la Ley 247 permitirá a los Gobiernos Municipales, Juzgados, Derechos Reales y vecinos continuar con los trámites pendientes de homologación del radio urbano y sus viviendas particulares, en la vía judicial y administrativa.
Avasalladores
De acuerdo con Arias, esta ley beneficia a los avasalladores y gente inescrupulosa que se apropia de propiedad pública reclamándola como si fuera suya.
Ello, en su criterio, perjudica a los municipios porque los avasalladores luego reclaman servicios y las alcaldías no tienen los recursos para atender esas demandas.
“La ampliación de la 247 amplía las áreas urbanas y pone en peligro a las áreas protegidas. Es para que un avasallador se entre a un terreno, presente dos testigos y diga que el Estado le tiene que dar (el terreno)”, afirmó.
El viceministro Silva fue más cauto en sus declaraciones y expresó su confianza en que la norma no protegerá a los avasalladores o loteadores, sino que consolide el derecho propietario de personas que viven en esos predios desde hace 15 a 30 años”.
“Se espera que beneficie a esa gente que lamentablemente no han podido regularizar su derecho propietario”, indicó.
Sanción
Una vez que el Senado sancionó la ley, el presidente Luis Arce, tiene un plazo de 10 días para promulgarla o devolverla a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
Mecanismo
Para la senadora por Comunidad Ciudadana (CC) Cecilia Requena esta ley es un mecanismo que no distingue con claridad al propietario del loteador.
“Es un mecanismo que no distingue bien un legítimo propietario que quiera legalizar una propiedad en la que vive mucho tiempo, de un loteador que se pueda avivar, que se quiere aprovechar de esta situación”, declaró a la red Unitel.
Añadió que la ley promueve constantemente la regularización de una propiedad que no es legal, cuando se debería promover una planificación para que los municipios no vivan regularizando asentamientos.
Regularización
Para la diputada del MAS Deisy Choque la ley no beneficiará a los avasalladores, sino a gente que lleva “más de 40 años sin poder regularizar sus propiedades”.
En entrevista con la red Unitel, aclaró que esta norma no permite ampliar el área urbana, como declararon algunos actores políticos.
