Los 36 días de paro en Santa Cruz que pedían la modificación de la fecha del Censo que el Gobierno había acordado a través del Consejo Nacional de Autonomías para 2024, derivaron en un momento que marcará el rumbo de la política nacional los siguientes años.
Quedó en segundo plano la pelea por la fecha del Censo, que era lo menos importante para los actores políticos a pesar de ser el detonante, y tendió la alfombra roja el 13 de noviembre a un cabildo que, a pesar de no tener claro su objetivo, convocó masivamente a sus ciudadanos e impuso un punto que marcará la agenda política nacional los siguientes años, revisar la futura relación política de Santa Cruz con el Estado Plurinacional de Bolivia.
No, no creo que sea una exageración. Bolivia encarará los siguientes años periodos electorales y cada candidato que quiera capitalizar votos en ésta y otras regiones del país, no podrá eludir el hablar del tema e incluirlo en su discurso como una promesa a cumplir y la aceptación de una presión ciudadana por hacerlo.
Pero, ¿cuán viable puede ser esto? A simple vista parece una utopía, pero de manera práctica no lo es. Una de las propuestas para reconfigurar la relación con el Estado es el camino del federalismo, es decir convertir a cada departamento (o los que lo deseen) en unidades territoriales que decidan de manera voluntaria otorgar parte de sus competencias a una administración central y no de la forma actual donde el nivel central es quien otorga y delega competencias a las unidades territoriales a través de la Constitución Política del Estado.
Entonces el camino sería cambiar la Constitución y para eso se debe llamar a una Asamblea Constituyente que puede tener dos formas: una reforma total de la Carta o reformas que afecten sus bases fundamentales. Para hacerlo, la dirigencia pro federalista tiene tres caminos según el artículo 23 de la Ley 026 de Régimen Electoral.
Que sea convocado por el Presidente del Estado. Algo muy poco probable tomando en cuenta la posición política del presidente Arce con la región y con el pedido, algo que no entra en agenda ni del partido ni del resto de los departamentos, lo que se convertiría en un desafío enorme el tratar de convencerlos.
Que sea convocado por la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Legislativa. Sumados los senadores y diputados hacen un total de 166 miembros y suponiendo que sesionaran con todos presentes, se necesitaría de al menos 112 votos (dos tercios) a favor, de los cuales Santa Cruz como región solo tiene 32 (cuatro senadores y 28 diputados), lo que lo obligaría a negociar y convencer a otros departamentos del camino federal.
Por último, que sea convocada una Asamblea Constituyente por iniciativa popular por el 20% de firmas y huellas del último padrón electoral. Tomando en cuenta que el padrón electoral para las elecciones de 2020 sumó 7.031.295 votantes a nivel nacional (según datos oficiales del OEP), las regiones que deseen impulsar la reforma por esta vía necesitarían 1.406.259 firmas y huellas para iniciar el camino de la reforma constitucional y donde solo Santa Cruz ya tiene cerca de dos millones de empadronados, lo que la convertiría en la opción más viable.
Pero el camino no termina ahí. Hechas las reformas, éstas deberán pasar por un nuevo referéndum para que sea aprobado y puesto en vigencia. Para convocar a un referéndum aprobatorio el único camino es su aprobación por dos tercios de la Asamblea Legislativa, lo que obligaría a los constituyentes federalistas a lograr, en ese periodo, convencer a los miembros de otras bancadas.
Un último detalle. Según el artículo 17 de la Ley 026, cada una de estas opciones solamente se podrán realizar en cada periodo constitucional, con lo cual con temas pendientes como la reforma judicial que también pasaría por una reforma constitucional, pone contra reloj al proyecto federalista boliviano.
Mario Vega Yáñez es politólogo y docente de la UMSA.
