Ante la alta demanda y las largas filas registradas en los últimos días, el Gobierno amplió hasta el 31 de enero de 2023 el plazo para tramitar autorizaciones para que los vehículos puedan circular con vidrios oscurecidos o polarizados.
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, informó ayer que tras una reunión de coordinación con el sector transporte, se determinó posponer la fecha para el inicio de los controles, que iban a comenzar este 1 de enero.
“Atendiendo aquellas solicitudes de ampliación (…) y considerando que es importante llegar a todos los rincones de Bolivia (… ), el Gobierno determinó que la restricción entre en vigencia a partir del 1 de febrero de 2023”, explicó la autoridad.
La Confederación Nacional de Transporte Libre de Bolivia, al frente de William Condori, demandó ayer la ampliación en al menos 30 días el plazo para que los transportistas puedan presentar la documentación para la autorización de vidrios polarizados.
El dirigente indicó que debido al paro de 36 días en Santa Cruz, entre octubre y noviembre, y otros conflictos menores en otras regiones del país, se impidió recabar la lista de los vehículos que tienen este tipo de vidrios.
Hasta el 31 de diciembre, la ciudadanía podía tramitar las respectivas autorizaciones. En ese marco, las autoridades explicaron que los controles debían iniciar a principios del próximo año.
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En 2020 se eliminó la norma que prohibía el uso de vidrios polarizados. La decisión fue asumida por el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, durante la presidencia transitoria de Jeanine Áñez, bajo el argumento de que se buscaba eliminar los “trámites burocráticos”.
Este año, a partir de la aprobación del Decreto Supremo 4740, del 15 de junio, se restituyó el trámite para la autorización de vidrios oscurecidos o polarizados en vehículos de transporte terrestre.
El Gobierno asumió esa medida con el objetivo de reducir los factores de riesgo y de inseguridad para la ciudadanía.
Según la norma, la ciudadanía debía tramitar las autorizaciones hasta el 15 de octubre; sin embargo, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 4810, que amplió el plazo hasta el 31 de diciembre de 2022.
Ahora, esa normativa fue ajustada y el plazo fue diferido hasta febrero de 2023.
