“Para el 2023 solo quiero mantener mi trabajo”, dice el joven cajero de un banco. “Yo pido que mi hijo tenga trabajo”, dice la madre de un recién egresado de la universidad. “Que se mantengan los precios”, es el deseo de una persona en un centro de abastecimiento. Y entre todos estos deseos que más bien tienen que ver con la economía, nos toma a quemarropa el pedido de una mujer que pide justicia para su niña violada y embarazada a los 12 años, “justicia, eso pido para el 2023”.
A pocas horas de terminar el año, este último pedido es un latigazo para no olvidar los más de 30.000 embarazos no deseados de adolescentes que se registraron en el país este año. Son embarazos en niñas que tienen entre 10 y 19 años. La mayoría de los cuales son producto de violación cometidos por sus parientes más cercanos, padre o padrastro, abuelos, tíos, primos, vecinos. En casi todos los casos de las niñas más pequeñas su estado de gestación se descubre luego de muchos meses porque ellas no saben lo que les está sucediendo, o porque las amenazas de sus violadores las silencian, no denuncian, callan, se aguantan porque están seguras de que los cobardes matarán a su madre, a sus hermanitos menores o prenderán fuego a sus casas como les dijeron.
En octubre de este año el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) presentó un informe donde demuestra que los embarazos en la adolescencia y la maternidad a temprana edad para Bolivia representan una pérdida de $us 373 millones anuales, es el costo por el retraso al ingreso laboral y pérdida en la oportunidad de empleo. Lo peor es que este problema social, económico y de salud pública se repite año tras año.
Si se toman en cuenta todos los estudios sobre embarazos en adolescentes, indican que hay falta de alerta en las familias, principalmente en las madres de las niñas más pequeñas, quienes no perciben cambios en sus hijas, o se dan cuenta muy tarde. Existe falta de información y educación sexual en los adolescentes de entre 11 y 19 años. Padres de familia, educadores, autoridades, prefieren cerrar los ojos y dejar que las redes sociales y los medios de comunicación “expliquen” más explícitamente sobre estos temas que son difíciles para los adultos. “Qué le puedo explicar yo a mi hijo o a mi alumno, si ellos saben más que nosotros”, arguye alguien que no se da cuenta de la distorsión que conlleva dejar que vean una película que raya en la pornografía, en lugar de tener una clase o una conversación sobre sexualidad con alguien que está preparado para educar en el tema.
Al menos deberíamos considerar que hacer justicia con las miles de víctimas de violaciones que se dieron este año en Bolivia, es encarar con madurez la educación sexual de los adolescentes y el cuidado responsable de los niños que están a nuestro cargo.
Lucía Sauma es periodista.
