El padre Guichi Pucho, Pácorro de la iglesia 25 de Julio, recordó los hechos luctuosos de noviembre de 2019, que cegaron la vida de 10 personas y dejaron varios heridos en la masacre de Senkata, en El Alto.
El religioso hizo una retrospectiva hacia el pasado, contó que la iglesia pasó de ser un lugar espiritual a un refugio, hospital y centro velatorio para los caídos.
“La iglesia se ha convertido en un lugar de refugio, un lugar de salón de velatorio y como también en hospital para los heridos”, recordó.
En la actualidad los familiares aún se reúnen en la iglesia y recuerdan con tristeza los hechos del 19 de noviembre de 2019.
Luego de tres años y ante la aprehensión del gobernador Luis Fernando Camacho, el miércoles 28 de diciembre, el párroco dijo este hecho “trae un paso muy importante para el tema de la justicia”.
“Creo que también los familiares se han reunido acá, con su directorio y su base para poder reaccionar”, señaló.
Día luctuoso
Ese martes 19 de noviembre, ante la magnitud del conflicto social, la represión de varios sectores y la escasez de los insumos básicos, los vecinos salieron de sus casas para exigir la cesación de los conflictos.
“Ese mismo día estábamos queriendo retomar la calma de tantos días de paro, también, por falta de insumos básicos”, recordó.
Sin embargo, un contingente de militares y policías reprimieron “de manera violenta y exagerada” a los pobladores del lugar.
“Han tenido que entrar, ha sido muy fuerte, muy inhumana la represión y el resultado ya ha sido la muerte”, resumió el párroco.
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El religioso resaltó que fue uno de los primeros dolientes, porque fue testigo de cómo uno a uno los heridos eran trasladados por sus familiares hasta la iglesia que se encuentra en la misma zona.
“Hice lo que tenía que hacer, no podía estar mirando desde el campanario o estar orando al santísimo mientras mi pueblo humilde, sencillo, era reprimido fuertemente”, dijo al referirse a que abrió las puertas del templo para atender a los heridos.
Algunas de las víctimas llegaron agonizando, otros ya fallecidos y varios heridos, que luego fueron atendidos por el personal médico.
“Al día siguiente, el 20, aquí se han realizado las autopsias, han venido los médicos forenses, los fiscales”, recordó al mirar las bancas donde se encontraban los cuerpos que eran llorados por sus seres queridos.
Ese panorama que vivió la población alteña no fue el único de ese entonces, ese mismo día, artos de dolor, los familiares agarraron a sus muertos en ataúd y se dirigieron hacia el centro paceño, para exigir justicia.
“Lo que más me ha dolido del día 20, es cuando se ha bajado con los cuerpos a la ciudad de La Paz para poder hacerse escuchar con el Gobierno. Porque el Gobierno mantenía ese espíritu de sordera, parece que no creían lo que estaba pasando en Senkata”, dijo.
“Ellos (del Gobierno) decían que solo había dos muertos, pero en realidad en la parroquia se habían velado hasta ocho muertos”, agregó.
Al llegar cerca de la plaza Mayor de San Francisco fueron reprimidos por la policía con gases lacrimógenos, junto a los cadáveres que se encontraban en las cajas de ataúd.
“Pero muy indignado pude ver cómo han sido reprimidos, agarrados con los mismos cuerpos en plaza San Francisco”, recordó.
“Realmente la sordera y ceguera del Gobierno, no hubo diálogo para parar estos conflictos”, lamentó.
Decreto de la muerte
El 14 de noviembre de 2019, Jeanine Áñez y su gabinete firmaron el Decreto Supremo 4078 que eximía a militares de juicios penales por posibles graves consecuencias en los conflictos.
El tercer artículo de ese decreto, que luego el 28 de noviembre fue abrogado, determinaba de manera expresa que “el personal de las FFAA, que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública, estará exento de responsabilidad penal…”.
Reacción desde la GIEI-CIDH
Luego de que las masacres fueron evidenciadas a nivel internacional, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) determinó que “un operativo conjunto entre militares y policías masacró a manifestantes desarmados, realizaron ejecuciones sumarias, torturas sistemáticas y detenciones masivas”.
Al saberse de la aprehensión del gobernador de Santa Cruz, los familiares de las víctimas de este sector permanecieron en vigilia en puertas de la Fuerza Especial Contra el Crimen (FELCC), exigiendo “justicia” por sus muertos.
Desde la Asociación de Viudas, Huérfanos, Heridos, Torturados “Victimas de la Masacre en Senkata” del departamento de La Paz exigen a las autoridades igualdad en el trato procesal.
“El Ministerio Público tiene la obligación de identificar a los autores intelectuales, materiales, cómplices de los delitos identificados por la GIEI-CIDH en el informe final del 17 de agosto”, se lee en el comunicado emitido por esta instancia.
Asimismo, se indica que la Fiscalía debe “efectuar las investigaciones para identificar a los autores mediatos como; líderes cívicos, políticos, líderes sociales, funcionarios públicos, por omisión o por comisión”.
