Los vocales de la Sala Constitucional Cuarta de Santa Cruz sostuvieron una audiencia el pasado lunes a partir de la cual hicieron consultas a una aplicación de inteligencia artificial para su veredicto. Se trata de un caso contra tres periodistas por la publicación de material gráfico relacionado a maltratos contra una dama. La defensa alega que no se usó un software específico para el país, alimentado con los datos de nuestra realidad, y que no se formularon las preguntas adecuadas.
El vocal Jimmy López explicó la forma en la que se determinó realizar la consulta a la aplicación de inteligencia artificial (ChatGPT). “¿Cómo se hizo el remedio para el Covid-19? Se hizo primero la prueba en animales y después en seres humanos. Lo mismo hicimos nosotros. Hicimos la prueba interna, sí. ¿Cómo hicimos la prueba después? Con ustedes”, afirmó.
El vocal Diego Ramírez sostuvo que “lo único que se ha hecho ha sido consultar a inteligencia artificial sobre ciertos tópicos relativos a la fundamentación y a la valoración. Pero, sobre todo, a la ponderación de derechos fundamentales”.
Los periodistas Marco Zabala, Ariel Vargas y Alberto Ruth fueron citados por la Sala Constitucional Cuarta por el caso de la publicación de unas fotos. En ellas aparece una dama que habría sido víctima de violencia.
Zabala explica que “una joven se contactó con nosotros hace unos 40 días, para hacernos conocer las lesiones que sufrió supuestamente de un docente. Lo que recibimos fueron fotografías de los golpes en la cara, el hombro y la espalda. Hicimos la denuncia como corresponde, mediante redes sociales hicimos conocer a las autoridades. Parece que la joven arregló con su agresor y quedó ahí el asunto”. Explicó que luego de transcurrido el tiempo y de forma sorpresiva fueron notificados para asistir a una audiencia en la referida sala judicial.
Cuestionan la inteligencia artificial utilizada
Raquel Guerrero, abogada de dos de los periodistas implicados, señaló que la decisión de los vocales llega a “ordenar el retiro de las fotos. Porque la demanda no es a ordenar una acción penal o un delito. No hay nada de delito aquí”. Precisó que, en caso de no darse cumplimiento, sí se abre la posibilidad de otras acciones contra sus defendidos por incumplimiento de órdenes judiciales.
“Qué belleza sería que tengamos un software que sea alimentado con la realidad boliviana, nuestra jurisprudencia, Constitución, leyes y tratados internacionales”, dijo Guerrero. Consideró que no hay razón para no avanzar en el camino de la tecnología. “Pero, en este caso, la aplicación que usaron no es exclusiva para el derecho, para la justicia. Desde mi punto de vista, las preguntas que le hicieron al ChatGPT no fueron las correctas. Le contaron un cuentito y obviamente el chat les respondió de acuerdo a eso”.
El uso de la inteligencia artificial presente en aplicaciones como ChatGPT o Bard es todavía muy controversial. En Estados Unidos cuestionan, por ejemplo, la naturaleza de los datos con que son alimentados los algoritmos. Esto debido a que se detectaron sesgos negativos hacia personas de color, puesto que los datos recolectados no los tomaban suficientemente en cuenta.
Los periodistas cuestionan que la decisión pone límites a información.
